Oscuridad sobre el empleo público

SEGÚN ESTIMACIONES del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de asalariados por cuenta de las administraciones públicas aumentó en 105.000 personas durante el pasado año, hasta situarse en 1.375.000. El año anterior ingresaron en nómina 114.200 funcionarios. Un incremento anual de cerca del 10%, en un sector ya inflado de personal y escasamente productivo, no ha merecido la más mínima explicación oficial. Hace un año, el Ministerio de Economía intentó explicar las causas de este aumento, aunque con escaso resultado, pues sus datos sobre el empleo público distaban de cuadrar con los del INE. Ahora, ni eso.Ya entonces se dijo que los datos del INE no tienen por qué coincidir necesariamente con los listados de personal de las administraciones públicas. El INE elabora su Encuesta de Población Activa (EPA) con las respuestas trimestrales de una muestra de 60.000 familias, más amplia que ninguna otra encuesta pública o privada. Pero si desde esferas oficiales se cuestiona la precisión de sus resultados, carece de justificación el que otros datos de la EPA se utilizaran en el debate sobre el estado de la nación para decir que el paro había disminuido en unas 50.000 personas durante 1986, especialmente cuando los registros de las oficinas de empleo arrojaban un incremento del desempleo próximo a las 150.000 personas.

Si los responsables de un colectivo que crece año tras año son incapaces de dibujar nítidamente sus dimensiones y menos de justificarlas, no es de extrañar que cunda la sensación de que la ineficacia de la Administración aumenta al mismo ritmo en que engordan sus plantillas. Pero si ello supondría un agravio injustificado para muchos funcionarios ejemplares, no lo es para quienes fueron elegidos para modernizar la Administración y ponerla al servicio de los ciudadanos.

Esperemos que alguien se sienta impulsado a romper el silencio y a tratar de explicar los datos del INE. De éstos se desprende además la observación de que el descenso del empleo en el sector público empresarial (a finales de 1986 trabajaban en las empresas públicas 66.500 personas menos por efecto de la privatización de Seat y otras empresas o de los procesos de reconversión) no ha servido para nada si paralelamente se han incrementado las plantillas en las áreas administrativas.

Por ahora, tanto el Ministerio de Economía y Hacienda como el de Administraciones Públicas, que tan celosamente se disputaban al elaborar los Presupuestos de 1987 las competencias económicas sobre los funcionarios, han dado la callada por respuesta; sólo han afirmado que la oferta pública de empleo en la Administración central fue de unos 30.000 puestos. Hasta el INE, que con motivo de las discrepancias estadísticas de años pasados recibió órdenes de seguir la evolución detallada del empleo en los ayuntamientos y comunidades autónomas -tan administraciones públicas como las del Estado o la Seguridad Social-, se ha negado ante este periódico a detallar más sus cifras.

Tampoco parece válido señalar, como de rondón y sin respaldo documental, que los mayores incrementos de empleo público han procedido de las comunidades autónomas. No serían menos injustificados, entre otras razones, porque ya ha terminado el proceso de descentralización administrativa que provocó una transferencia de 400.000 funcionarios desde las administraciones centrales a las autonómicas. En todo caso, esta oscuridad en nada ayuda a erradicar de la opinión pública la sensación de que el Estado de las autonomías no ha hecho sino engordar más todavía la burocracia estatal.