Hacienda ha remitido en los últimos meses a los juzgados 47 expedientes por presunto delito fiscal
La Dirección General de Inspección Tributaria y, Financiera del Ministerio de Hacienda ha enviado en los últimos meses 47 expedientes por delito fiscal a los juzgados, algunos de los cuales ya han sido admitidos a trámite. En concreto, la Fiscalía de Madrid ha asumido la interposición de querellas en ocho casos. Dos de ellos corresponden a presuntos fraudes cometidos por personas físicas -Lola Flores y un abogado relacionado profesionalmente con una sociedad concesionaria de autopistas-, y los otros seis, a empresas. Actualmente están pendientes de la decisión de los tribunales otros 197 casos presentados antes de la reforma del Código Penal, en materia de delito fiscal.
Los 47 últimos expedientes enviados a los juzgados son reflejo, según fuentes de Hacienda, de "casos claros de ocultación fiscal, en los que la voluntariedad parece evidente". Todos ellos han sido presentados, al menos parcialmente, al amparo de la ley Orgánica 2/1985 de Reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública, que amplía la tipicación del delito fiscal y contempla penas de prisión menor y multas de hasta seis veces la cantidad defraudada. La cuota defraudada mínima o el beneficio fiscal obtenido ha de ser superior a cinco millones de pesetas y debe tratarse de supuestos en los que el dolo pueda demostrarse.La mayoría de los delitos imputados es por ocultación de ingresos al fisco, realizados sobre todo por empresas. Fuentes de la Inspección Tributarla y Financiera afirmaron que existen "actas de miles de millones de pesetas de ingresos ocultados".
La identidad de los sujetos pasivos acusados está protegida por el sigilo fiscal hasta que no existe sentencia. Sin embargo, los nombres de estos pre suntos defraudadores, como en el caso de Lola Flores y su marido, suelen ser conocidos cuando son admitidas a trámite las querellas.
Lola Flores presuntamente ocultó a Hacienda cuotas tributarias por importe de 53 millones de pesetas entre los año 1982 y 1985 (el delito fiscal prescribe a los cinco años).
Investigar empresas
La deuda tributaria, al margen de la sanción que en su día pueda imponerle la juez que lleva el caso, asciende a más de 100 millones de pesetas, porque sobre las cuotas impagadas recae un recargo del 25% a lo que hay que sumar las cantidades producidas por los intereses de demora que han sido del 13%, 12% y 8%, según los años. Lola Flores ha sido citada a declarar el próximo lunes, tras su inasistencia al Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid el pasado viernes.
Fuentes próximas a Hacienda desmintieron que Isabel Preysler sea una de las implicadas, de acuerdo a ciertas informaciones provinientes de medios jurídicos. Reconocieron no obstante, que "esta persona fue inspeccionada hace dos años y se le encontraron pequeñas diferencias" entre lo declarado y sus ingresos.
Entre los expedientes denunciados, el más espectacular es el que corresponde a Prodiecu, una sociedad que gestionaba una lotería ilegal, con una deuda de cientos de millones de pesetas, por el impago de la tasa de juego. También han sido identificadas dos socieda des como presuntas defraudadoras, Nutral y Conservaciones Industriales Madrid. Otra de las empresas encausadas no contabilizó ingresos por valor de 855 millones de pesetas. Las cuotas adeudadas varían entre 17 millones y varios cientos de millones de pesetas.
Además de los casos ya citados anteriormente también existen otros dos expedientes sobre empresas concesionarias de autopistas. En uno de estos casos la defraudación afecta a un abogado de una de las sociedades, mientras que en el otro, de mayor cuantía y relevancia, son varias las personas que se verán finalmente involucradas.
18 equipos especiales de investigación
Los 47 casos, a los que seguirán próximamente otros cuyos expedientes se están ultimando, corresponden al trabajo desplegado por la inspección fiscal tras la reforma del Código Penal y la reestructuración administrativa. Actualmente todos los presuntos delitos fiscales descubiertos por los inspectores pasan a ser Investigados por 17 unidades especia¡es, una por cada comunidad autónoma. La unidad central de vigilancia del fraude fiscal, dirigida por Severino Martínez, actúa de coordinadora a nivel nacional. También existe una colaboración con la fiscalía para orientar jurídicamente el asunto y para desestimar aquellos fraudes cuya apreciación por los jueces se juzga aventurada.Las instrucciones recibidas son que centren su investigación en los casos claros de inexistencia de declaración, ocultación de ingresos y gastos inexistentes o con justificantes falsos, precisamente para evitar la experiencia pasada en que la mayoría de los expedientes no prosperaban ante los tribunales o eran previamente devueltos por los fiscales por estar incompletos.
Con anterioridad a estos 47 expedientes, Hacienda había remitido a los tribunales otros 528 casos, con base en la antigua Ley 50/1977, más suave, que obligaba previamente a agotar la vía administrativa. El resultado ha sido 19 sentencias, de las cuales han sido condenatorias sólo cuatro (dos en Galicia sobre la misma persona, una en Murcia y otra en Valencia).
Numerosos expedientes
Ese trabajo fue el resumen de 15.899 inspecciones fiscales por presunto delito fiscal, aunque sólo en 1.666 casos se encontraron indicios de crimirialidad. Al final sólo se estimó procedente enviar los 528 casos a los tribunales. Ahora Hacienda tiene también abiertos varios cientos de expedientes.
El balance judicial, que ahora se intenta mejorar para prestigiar una reforma del Código Penal especialmenmte dirigida a corregir el fraude de las empresas, fue magro: 312 casos se devolvieron a Hacienda por improcedentes, 197 siguen pendientes de decisión y se han producido 19 sentencias.
Entre las regiones con asuntos pendientes destacan Galicia, con 39; Andalucía, con 37; Baleares y Madrid, con 27, y Cataluña, con 22.
