El juez ordena detener a cuatro funcionarios de los juzgados en la investigación sobre los 'subasteros'.

Un total de ocho funcionarios judiciales declararon durante los dos últimos días ante el titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, José María Álvarez Seijo, en relación con posibles delitos de cohecho y negligencia en la custodia de documentos a propósito de la investigación en curso sobre dos grupos de subasteros desarticulados por la policía en las últimas semanas. Por orden del juez, dos de los ocho funcionarios citados han ingresado en prisión, otros dos permanecen detenidos en los calabozos de los juzgados y los cuatro restantes han sido puestos en libertad provisional.

A finales de enero de este año la policía detuvo a un total de nueve personas pertenecientes a dos grupos de subasteros, como consecuencia de una investigación iniciada en 1984. De los nueve detenidos, el juez Álvarez Seijo ordenó el ingreso en prisión de cinco -Jesús Gómez Castaños, Ernesto Parcía López, María Francisca Tarriño Muñoz, Manuel Estanislao Santiago Carracedo y Antonio Muñoz Cabezas-, de los que sólo los dos primeros siguen en prisión provisional.Los llamados subasteros son personas que individualmente o en grupo acaparan habitualmente las subastas que se celebran en los juzgados civiles. El control de la adjudicación de la inmensa mayoría de las fincas, pisos y objetos que se subastan se realiza mediante diversos procedimientos, a través de los cuales se impide la libre concurrencia de terceros. Entre los medios utilizados figuran, en algunos casos, las coacciones y amenazas y, muy principalmente, el abuso de la situación de penuria económica que atraviesan algunas personas.

'Propinas'

Entre los documentos ocupados a los detenidos figuran relaciones de gastos, incluídos supuestos cohechos consignados como "propinas" a funcionarios judiciales. Como consecuencia de la investigación judicial iniciada a través de estos datos, los presuntos subasteros facilitaron la identidad de una serie de funcionarios judiciales, a los que el juez Álvarez Seijo comenzó a tomar declaración el miércoles pasado, según el abogado Antonio Díaz, que asume la acusación popular personada en el juzgado.Los cinco funcionarios que declararon el miércoles, tres pertenecen al juzgado de primera instancia número 4 de Madrid: Manuel Rodríguez Torres, para quien el magistrado ordenó su ingreso en prisión; Antonio Pérez Alonso que quedó en situación. de libertad bajo fianza, y Rafael Briceño, en libertad por razones de salud. Los otros dos son Jesús Gallego, perteneciente al Juzgado de primera instancia número 10, que quedó en situación de prisión provisional, y Jesús Serrano, del Juzgado de primera instancia número 2, en libertad bajo fianza.

Ayer declararon otros tres funcionarios de juzgados de primera instancia de Madrid: José Prieto M,artínez, del número 4; Galo de la Orden García, del número 12, y un tercero, del número 10, de quien las fuentes informantes sólo conocían su nombre: Gabino. Este último quedó en libertad y los dos primeros permanecen detenidos en los calabozos de los juzgados. La información de Efe sobre el ingreso, ayer, en dichos calabozos, de 10 funcionarios, ha sido negada por fuentes próximas al caso.

Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Juan José Martínez Zato, informó ayer que el juez Álvarez Seijo va a dedicarse exclusivamente a esta investigación, por lo que será sustituído en la tramitación de los demás asuntos del juzgado.

"¡A por ellos!"

Martínez Zato recordó el compromiso del Consejo contra la corrupción y, en concreto, unas palabras suyas, que repitió: "¡Vamos a por ellos!". Resaltó la importancia del acuerdo de los procuradores de no entregar. cantidades ilegales en los juzgados. Fuentes del Consejo echaron de menos un acuerdo similar del Consejo General de la Abogacía, que preside Antonio Pedrol Rius.