La Comisión Europea aprueba la aplicación de una tasa para aceites y grasas vegetales

La Comisión Europea expuso ayer sus nuevas propuestas de precios agrícolas para la próxima campaña, cuya principal novedad es la instauración de una tasa de 330 ECU (48.500 pesetas) por tonelada de aceites y materias grasas vegetales producidas e importadas en la Comunidad Europea (CE).

Esta iniciativa, cuya aprobación definitiva depende del Consejo de Ministros, es considerada, en principio, beneficiosa para el sector olivarero español y contó con el respaldo del comisario espanol Manuel Marín. El titular de Agricultura, Carlos Romero, no ha adoptado todavía una postura.En regla general, el Ejecutivo europeo sugiere en su propuesta a los responsables de la Europa verde llevar a cabo una política de reducción del período de intervención y de restricción de precios, que implica en muchos casos su concelación. Por un lado, la congelación repercute favorablemente sobre la inflación, pero, por otro, conlleva una pérdida de poder adquisitivo para los agricultores.

Con relación a la última campaña, los precios garantizados de compra por parte de la CE experimentan en España, a diferencia de en otros países europeos, un aumento medio del 1% en ECU o del 5,2% en pesetas debido a la devaluación de la moneda española frente a la unidad de cuenta europea.

El comisario encargado de agricultura, Franz Andriessen, explicó ayer en una conferencia de prensa que si no se toman medidas la ampliación de la CE a España y Portugal y la baja del precio en el mercado mundial obligarían a dedicar 4.000 millones de ECU al sector de las materias grasas en 1987. Añadió que el gasto rebasaría los 6.000 millones cuando los dos nuevos miembros estén, a partir de 1991, plenamente incorporados.

Para evitar que este capítulo presupuestario se dispare, el comisario holandés propone, al margen de limitar a cuatro meses el período de intervención para el aceite de oliva, introducir una tasa al consumo que sería percibida a su salida de fábrica o al ser importada. Este proyecto originaría este año, según Andriessen, un ahorro de 1.200 o 1.300 millones de ECU, que casi se multiplicaría por tres al año siguiente. España estaría excluida del mecanismo hasta dentro de cinco años.

Para el ama de casa, la iniciativa se traduciría en un encarecimiento del 15% del precio del aceite de oliva, mientras que el de soja subiría sus precios en un 90%. Pero Andriessen la presentó asegurando que si se mantienen los actuales hábitos de consumo el ciudadano medio del norte de Europa tendrá que desembolsar 34 pesetas suplementarias al mes, mientras el ciel sur deberá gastarse unas 73.

Cambio de costumbres

Lo más probable es, sin embargo, que las costumbres se modifiquen y que la escasa diferencia de precio entre los dos tipos de aceite incite a un mayor número de hogares europeos a utilizar aceite de oliva. Ello supondría que España podría incrementar sus exportaciones de aéelte de oliva. También debería aumentar el consumo de mantequilla.

Asimismo, la pequeña diferencia de precio permitirá a España evitar que en contra de lo sucedido en Italia, cuando se liberalice la importación de los aceites de semilla más baratos y dietéticos, éstos desplacen al de oliva.

Por todos estos motivos, y ante el temor de que el encarecimiento de la gestión del mercado de las materias grasas vegetales anime pronto o tarde al Ejecutivo europeo a renunciar a ayudar a los olivareros, Manuel Marín votó a favor.