Corrupción en la justicia

LA CONCLUSIÓN principal a que han llegado las recientes jornadas sobre disfunciones y corrupciones en la Administración de justicia, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, es que la corrupción existe en este ámbito "en proporciones numéricas importantes". Sin duda, algunos pensarán que para ese viaje no se necesitaban alforjas, dada la evidencia de una situación que ha venido siendo denunciada desde hace años desde las instancias sociales y desde los propios medios de comunicación. Pero es un hecho positivo que al fin los profesionales que integran el mundo judicial se hayan decidido a reconocerlo públicamente. Un reconocimiento en el que se encuentra una mezcla de falso pudor y de autoprotección corporativista, como lo demuestra el que el asunto fuera tratado a puerta cerrada.Por otra parte, el reconocimiento de que la corrupción es consustancial a la actual forma de administrar justicia en España constituye en sí un pacto de justicia ante el clamor social generado en estos años contra estas prácticas vergonzantes. Prácticas que proyectan sobre la sociedad una imagen torva y deshumanizada de una institución reverencial.

Pero de poco servirá reconocer el hecho, con lo positivo que ello tiene de por sí, si no se descubren las causas que lo hacen posible y se ponen los medios necesarios para erradicarlo. Los participantes en las jornadas han convenido, en que la corrupción es la consecuencia principal de la ineficacia general de la Administración de justicia y del incumplimiento de la ley por parte de quienes están a su servicio. Y es aquí donde, junto a la responsabilidad concreta, insoslayable y en muchos supuestos criminal, de los funcionarios corruptos, aparece la responsabilidad de unos poderes públicos que no se deciden a terminar con el trato vejatorio con que los Presupuestos del Estado han tratado las necesidades de la justicia.

Es cierto que, en los últimos años, diversas decisiones del Gobierno han ido encaminadas a eliminar corrupciones que gravaban injusta e ilícitamente los bolsillos del justiciable. Por ejemplo, el cobro a cargo de este último de las salidas de los agentes judiciales para citaciones o el recargo de las tasas judiciales mediante la presentación de recibos por conceptos indeterminados o pura y simplemente inventados. Con la asunción clara por parte estatal de tales costos, o con la supresión de las tasas judiciales, parecería que se ha atacado este tipo de prácticas. Sin embargo, la experiencia dice que estas medidas bienintencionadas pero parciales pueden en un momento dado tapar un determinado foco de corrupción, pero no evitan que surja otro parecido en otro momento del proceso. Y es que la corrupción en la justicia está inevitablemente unida a la desfasada estructura de la oficina judicial, a la pervivencia del procedimiento escrito en detrimento del oral, a la propia multiplicidad de procedimientos que obstaculizan la agilidad del proceso y, en general, a la gestión caótica que caracteriza hoy a los distintos servicios que configuran a la Administración de justicia. Mientras los asuntos se acumulen en los juzgados o decisiones propias de los jueces sean adoptadas por otras personas seguirá existiendo el caldo de cultivo apropiado para las maniobras.

Por eso, su erradicación exige medidas globales, y un buen punto de partida para ponerlas en marcha, es la ley orgánica del Poder Judicial. Desgraciadamente, el desarrollo de esta ley se encuentra paralizado, sin que se haya dado oficialmente una explicación de esta parálisis. Así, proyectos de ley tan importantes para actualizar las normas procesales, como son los de lo Contencioso-Administrativo, de Enjuiciamiento Civil o de Procedimiento Laboral, o para modernizar la decimonónica demarcación judicial española, como el de Planta y Demarcación, se encuentran apolillados en el despacho del ministro de Justicia.

No es serio, como ha hecho el Gobierno, hacer depender de esta futura ley, cuya entrada en vigor aparece tan lejana, la resolución de una serie de necesidades urgentes que agobian a la Administración de justicia y que, a juicio del Consejo General del Poder Judicial, deben afrontarse en 1987. Los males de la justicia española perviven año tras año, y a su calor cunde la cosecha de la corrupción.