Una frágil democracia

No puede haber nada más perjudicial para nuestro país que el atentar contra el sistema democrático que con tanto esfuerzo fue reconquistado en 1978. Por tanto, es necesario que gobernantes y gobernados pongan el máximo empeño para prevenir que tan nefasto suceso se haga realidad. Pero, si, a pesar de todo, una aventura golpista como la que se ha pretendido fraguar se presenta, es necesario castigar con toda la fuerza que la ley otorga a quien actúa en forma antidemocrática.Partiendo de esto, se puede afirmar categóricamente que los militares que han procedido a secuestrar al presidente ecuatoriano son responsables de atentar contra el país y deben ser condenados según las leyes vigentes. El presidente secuestrado no puede conceder el indulto a sus secuestradores porque no está dentro de sus funciones, asignadas por la Constitución. El organismo competente para juzgar, condenar, o, si fuera el caso, declarar la falta de responsabilidad, tiene que ser parte de la función judicial -según la legislación ecuatoriana tiene que ser la justicia militar- Más aún cuando ha habido muertes y se han ocasionado gravísimos perjuicios sociales.

Al inicio de la gestión febrescorderista, se evidenció que el jefe del Ejecutivo estaba dispuesto a gobernar el país desde su particular punto de vista. No contó para nada con la oposición, ni siquiera con los partidos políticos de la coalición que le llevó al poder, lo que se reflejó en la composición de su Gabinete. Incluso, ante la posibilidad de un mayor control del Congreso frente su gestión -en ese entonces también manejado por una mayoría de centro izquierda opositora a Febres, que no duró mucho- afirmó que gobernaría "con o sin Congreso", lo que fue el inicio de una serie de actitudes unilaterales que han sido consideradas como dictatoriales, disfrazadas de una seudoconstitucionalidad. A partir de entonces el fantasma de un golpe de Estado rondaba en la conciencia política ecuatoriana, ya que, al desestimar al Congreso y someter otras instituciones democráticas al arbitrio del Gobierno, se estaba debilitando el delgado hilo de la democracia.

En 1986, en pocos meses, dos fracasos electorales condenan al mandatario. El primero de ellos en un referéndum que consulta una reforma constitucional para terminar con el régimen de partidos políticos y que pierde el Gobierno estrepitosamente, como un voto de castigo a su gestión. El segundo, en las elecciones parciales para renovar el Congreso. Sin embargo, no hay cambio de ruta en la política de Febres Cordero, y crecen las tensiones. También la oposición, o parte de ella, se muestra intransigente y se llega a situaciones que enferman el clima democrático de Ecuador.

Es en medio de este panorama, propiciado en gran parte por el propio Febres Cordero, donde surgen las sublevaciones de Frank Vargas Pazos, que se inician corno rencillas de la cúpula militar, pero que adquieren connotaciones dramáticas porque encuentran el caldo de cultivo adecuado para liberar ambiciones- aprovechándose del descontento popular. Si Febres Cordero duda a la hora de tomar las decisiones legales y constitucionales que urge el momento, es porque no está libre de culpa. Se ha escudado en la manida frase de mantener la paz y la unidad entre los ecuatorianos, pero la única forma de hacer realidad este enunciado es sembrando desde el Gobierno y las filas políticas el clima adecuado de justicia y bienestar, que son la mejor garantía democrática. No es con indultos ni con autoritarismos como se construye, sino con diálogo y tolerancia democrática.

es periodista ecuatoriano y reside en España.