El Gobierno concede autonomía de gestión económica a los centros escolares no universitarios

Los centros escolares de enseñanzas no universitarias de¡ territorio escolar dependiente de la Administración central dispondrán de la misma autonomía de gestión económica que las universidades, en virtud de un acuerdo entre los departamentos de Hacienda y de Educación y Ciencia. El ministro de Educación, José María Maravall, comunicó el pasado miércoles dicho acuerdo a todos los directores provinciales de su departamento. Los colegios de EGB, los institutos de bachillerato y de formación profesional, así como conservartorios, escuelas oficiales de idiomas y de oficios artísticos, podrán, a partir de ahora, elaborar los presupuestos que les transfiera la Administración de acuerdo con el programa anual del centro.

La autonomía de gestión económica era una vieja aspiración de los centros escolares no universitarios, tradicionalmente sometidos a un rígido corsé administrativo que, si teóricamente perseguía el control riguroso del gasto, en la práctica podía dar lugar a corruptelas.Los sindicatos de profesores y los movimientos de renovación pedagógica han reiterado una y otra vez la reivindicación de autonomía de gestión económica para los centros, prevista implícitamente en la ley orgánica del derecho a la Educación (LODE) pero inviable hasta la aprobación de este acuerdo interministerial, que se plasmará en una disposición de Economía y Hacienda con efectos del 1 de enero pasado.

Los responsables de la gestión económica de los centros dada la rigidez del sistema vigente hasta ahora -las diversas partidas presupuestarias venían predeterminadas por la Administración y estaba terminantemente prohibida la transferencia de remanentes de unas a otras- se veían forzados a llevar una doble contabilidad e incluso a fingir compras para disponer de facturas que sirvieran para justificar un gasto distinto al realmente efectuado. Así, la factura de una partida de material escolar fungible (tizas, cuadernos, folios, etcétera) servía para justificar el gasto extraordinario, pero real, originado por una visita escolar a un museo o por cualquier otra necesidad del programa educativo del centro.

Esta práctica, conocida e incluso tolerada por las suscesivas administraciones educativas, podía contribuir tanto a racionalizar el escaso presupuesto de que disponen los centros públicos para sus gastos de funcionamiento corno para algún desvío irregular de un dinero siempre escaso.

Por otra parte, los centros tenían que rendir cuentas de los tres libramientos al año en que la Administración distribuía la cantidad asignada. El ministerio no abonaba la cantidad correspondiente sin la previa justificación, mediante facturas duplicadas, del gasto correspondiente al libramiento inmediatamente anterior. Así, los centros percibían en enero el 25% de la asignación del año; en abril, el 45%; y en septiembre, la cantidad restante. La rigidez del sistema ya señalada no sólo obligaba a devolver el dinero no gastado por un predeterminado concepto presupuestario, sino que, si además se producía algún retraso en un libramiento, la falta de disponibilidad económica podía dar lugar a períodos de gasto precipitado junto a otros de falta de dinero para hacer frente a las necesidades más perentorias.

Con el nuevo sistema, desaparecen los diez conceptos de gasto actuales, que se limitarán a uno solo, y la libranza de fondos se hará en dos pagos: en enero y septiembre. Los centros justificarán sus gastos mediante una cuenta única anual, globalizadora de todos los conceptos y de todos los fondos recibidos, que habrá de ser aprobada por el consejo escolar del centro y rendida por su director.

La medida se inscribe en el programa de racionalización del funcionamiento de los centros escolares impulsado por el ministerio a partir de su reestructuración orgánica. La recientemente creada dirección general de Centros Escolares cuenta con una unidad administrativa ocupada exclusivamente en este objetivo.

Diversas fuentes sindicales coincidieron en ponderar la importancia de la medida, con independencia de que la cantidad para gastos de funcionamiento de los centros públicos les siga pareciendo "insuficiente para una enseñanza de verdadera calidad".