Los archivos que nunca se quemaron

La ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 ordenaba en su artículo 7º, apartado c, la "eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales"; es decir, las fichas de antecedentes policiales de la época franquista.El anuncio de la destrucción de los archivos policiales originó una fuerte polémica no sólo en los medios políticos -la derecha consideraba que ello podría interferir en la lucha contra el terrorismo-, sino también en los intelectuales: bibliotecarios e historiadores señalaron que estos datos formaban parte del patrimonio histórico español y que se perdería una valiosa documentación.

En cumplimiento de la ley de Amnistía, fue aprobada una orden ministerial en diciembre de 1977, y promulgada en enero del año siguiente, "sobre la inutilización administrativa, archivación reservada y expurgo de los archivos de las Direcciones Generales de Seguridad y la Guardia Civil de antecedentes relativos a actividades políticas y sindicales legalmente reconocidas". Su texto ordenaba la inutilización administrativa de los documentos y establecía que debían ser remitidos a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura con el fin de seleccionar la documentación que se considerase de valor histórico.

Retención de Curiel

Sin embargo, la supervivencia de esas fichas policiales sobre políticos antifranquistas se demostró en varias ocasiones. La que alcanzó más resonancia fue la detención del dirigente del Partido Comunista de España (PCE) y actual diputado de Izquierda Unida Enrique Curiel, en el aeropuerto de Barajas, en marzo de 1984, por hallarse su nombre incluido en una lista de personas con antecedentes políticos.

Se comprobó entonces que los datos habían sido trasvasados desde el Archivo Central de la Dirección General de Seguridad a los nuevos ordenadores, con posterioridad a la orden ministerial, entre 1979 y 1980. Esta retención causó un gran malestar en medios políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, que calificaron el hecho de "intolerable" y expresaron su convencimiento de que algún sector de la policía había desobedecido la orden de eliminar los datos. En mayo de 1985, la ficha policial de Enrique Curiel volvió a ser noticia al aparecer publicada en Diario 16 la fotografía del documento que, según la información, seguía incluido en los archivos de la Dirección de la Seguridad del Estado.

Como respuesta, Interior reconoció en una nota informativa, que las fichas de dirigentes políticos elaboradas por la policía durante el franquismo permanecían en un depósito paralelo, independiente de los archivos de consulta del Gabinete Central de Información, todavía en espera de su traslado al Archivo Histórico Nacional, "con el fin de su posterior destrucción".