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LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN ESPAÑA

El centro de planificación familiar Pator iba a solicitar la acreditación para practicar abortos

Los accionistas del centro de planificación familiar Dator, precintado el pasado miércoles tras detener a los empleados por presunto delito de aborto, acababan de adquirir una clínica en el centro de Madrid y habían mantenido ya múltiples contactos con el Ministerio de Sanidad para solicitar la acreditación necesaria para realizar abortos legalmente. Actualmente, los tres médicos que trabajaban en Dator Médica, establecimiento situado en la calle madrileña de Eduardo Dato, están en la prisión de Carabanchel. Los demás detenidos fueron puestos en libertad sin fianza.

Los contactos entre miembros de la clínica Dator Médica con el Ministerio de Sanidad para acreditarse y poder así ampliar sus prestaciones sanitarias con la realización de abortos legales se intensificaron a raíz de la detención de los profesionales de la clínica Canalejas, de Salamanca, a finales de septiembre.La concesión de la acreditación necesaria para que las clínicas y centros privados puedan realizar abortos es competencia de cada comunidad autónoma. Éstas, que pueden hacer una interpretación del decreto aprobado el pasado viernes para agilizar la realización de interrupciones voluntarias de embarazo en alguno de los tres supuestos -riesgo para la vida de la madre, malformación del feto y embarazo por violación- que incluye la ley, han de comunicar al Ministerio de Sanidad cuáles son las clínicas acreditadas.

En un primer momento, María Gómez de Mendoza, consejera de Salud y Bienestar Social de Madrid, comunicó a los integrantes de Dator Médica que en esta comunidad autónoma sólo se acreditarían los centros inscritos en el registro oficial de clínicas.

Marisa Castro, relaciones públicas de Dator Médica, consultó con el Ministerio de Sanidad qué requisitos debía reunir el centro para inscribirlo, y se le comunicó que para ello es preciso que la clínica cuente con un equipamiento mínimo, como camas para hospitalización, algo que no se especifica como necesario en el real decreto recién aprobado. Posteriormente, la consejera de Salud y Bienestar Social de Madrid rebajó las exigencias para la acreditación de centros que realizasen abortos de bajo riesgo. Los miembros de Dator Médica ya habían iniciado las negociaciones para la adquisición de la clínica Boston, y estaban esperando la publicación en el Boletín Oficial del Estado del texto del decreto para solicitar la acreditación:

Según fuentes cercanas a este proceso, la propia María Gómez de Mendoza acompañó en una ocasión a los miembros de Dator Médica a visitar la clínica para comprobar que reunía las condiciones exigidas. Para sufragar el coste de la nueva clínica, los integrantes de Dator, SA, solicitaron varios créditos bancarios.

Ninguno de los trajadores de Dator Médica detenidos el miércoles pasado admitió ante el juez instructor de la causa, Carlos Valle, que en el centro, abierto a principios de este año, se estuvieran realizando actualmente abortos. Todos ellos fue ron avisados hace dos meses de que los teléfonos de la clínica estaban intervenidos.

Digno, necesario y legal

Por ello se presentaron como "un equipo multidisciplinar de salud que cuidamos de la salud integral de la mujer". Marisa Castro, militante feminista que lleva 20 años trabajando en planificación familiar, manifestó, tras quedar en libertad: "Ignoraba si en el centro se realizaban abortos, pero, a pesar de todo, en todo momento he tenido conciencia de que mi trabajo era digno, necesario y legal".

Al rebajar la comunidad autónoma las condiciones para poder practicar abortos se había decidido solicitar acreditación también para el centro precintado por la policía, para dedicarlo a actividades de planificación familiar, con especial dedicación a esterilizaciones.

El diputado y secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, acudió a los juzgados de la plaza de Castilla para expresar su solidaridad con los detenidos, mientras 50 miembros de las Juventudes Comunistas se autoinculpaban ante el juez de guardia, Luis Lerga, de haber cometido delitos de aborto. El juez rechazó las autoinculpaciones masculinas por considerarlas un intento de mofa de la Justicia. A las ocho de la tarde hubo una concentración de grupos feministas y personal sanitario ante la sede del PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de noviembre de 1986