El Consejo de Ministros aprueba el decreto que liberaliza la aplicación de la ley del aborto

El ministro de Sanidad, Julián García Vargas, aseguró ayer que el Gobierno estudiará el indulto, caso por caso, de todas las mujeres procesadas por abortar, una vez haya sentencia firme, y añadió que "ninguna mujer afrontará consecuencias penales por el hecho de haber abortado". Esta declaración, que se produjo inmediatamente después de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto sobre interrupción voluntaria del embarazo, coincide con las recientes redadas contra clínicas donde se practicaban abortos en Madrid, Salamanca y Valencia.

García Vargas no quiso especificar de qué manera concretará el Gobierno esta promesa de no penalizar a las mujeres que aborten, y reconoció que esta decisión es simplemente fruto de la voluntad política" del Ejecutivo, pero no está plasmada en ninguna norma jurídica.Más tarde, portavoces gubernamentales puntualizaron que lo que García Vargas había querido decir es que ninguna mujer será encarcelda por abortar -y, presumiblemente, las que estuvieren detenidas por haberlo hecho en el pasado serán inmediatamente indultadas-, pero admitieron que el Gobierno no tiene potestad -Para impedir que el poder judicial dicte autos de procesamiento.

El titular de Sanidad acusó a la Prensa de ser responsable de "buena parte de la confusión" creada en torno a las posibilidades legales de abortar en España. Por el contrario, opinó, "las mujeres lo tienen muy claro, y los médicos que no plantean objeción de conciencia también".

El ministro presentó a la Prensa el real decreto aprobado ayer, cuyas líneas maestras ya fueron adelantadas por este periódico (véase EL PAÍS del 19 de noviembre). Entre otras cosas, el texto prevé la abolición de las comisiones de evaluación "para evitar retrasos", con lo que no se sigue la recomendación recientemente emanada del Consejo de Estado; también se indica que no es obligatoria la instalación de quirófano en las clínicas que practiquen abortos a mujeres cuyo embarazo date de menos de tres meses y en los que la operación implique escaso índice de riesgo.

Superar la clandestinidad

García Vargas presentó el real decreto como "una norma jurídica de contenido exclusivamente sanitario", que viene a desarrollar la normativa en vigor, y cuyos presupuestos son "suficientemente amplios para permitir superar situaciones de clandestinidad".

Sobre la desaparición de las comisiones de evaluación, el ministro explicó que se habían convertido en órganos burocráticos que provocaban retrasos innecesarios.

García Vargas explicó que el Gobierno había sido incluso más riguroso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el tratamiento del asunto, e insistió en que el decreto tiene un contenido sanitario y "no modifica la ley orgánica ni se aparta de la sentencia emitida el pasado mes de abril por el Tribunal Constitucional".

Por su parte, el portavoz gubernamental, Javier Solana, consideró "actuaciones muy concretas las recientes órdenes judiciales contra clínicas de Madrid y Valencia", y aseguró que en ambos casos el Gobierno se ha mantenido por completo ajeno a estas acciones policiales y judiciales. "El Gobierno no tiene nada que ver con esta actividad", dijo Solana refiriéndose a las detenciones, y afirmó también que el Ejecutivo desconoce las causas por las que se han producido estos hechos.

El grupo parlamentario Izquierda Unida, que el pasado 8 de noviembre presentó en el Congreso de los Diputados una proposición sobre regulación voluntaria del embarazo introduciendo la llamada indicación socioeconómica, presentó ayer una pregunta al Gobierno en la que le interroga sobre si se han cursado instrucciones respecto a la persecución de prácticas abortivas. "Los últimos datos indican", dice Izquierda Unida en su pregunta, "que el panorama se ensombrece aún más a través de una política represiva en la que se multiplican las detenciones".

Una fuente gubernamental calificó privadamente las redadas en los centros de planificación como "un intento aislado, por parte de algunos jueces, de meter un gol al Gobierno".