Reacciones negativas en medios conservadores
Alianza Popular considera que el Gobierno, al aprobar una flexibilización del aborto mediante un real decreto, "ha hurtado al Parlamento sus funciones". Este partido afirmó en un comunicado que espera conocer el texto íntegro del decreto para emprender las acciones parlamentarias o de otra índole. También el Frente Nacional, las asociaciones pro vida y la asociación Acción Familiar se manifestaron en contra del decreto.El PCE y organizaciones relacionadas con él, como CCOO, estiman que el decreto liberalizador se ha quedado corto y exigen el aborto libre y gratuito.
Responsables de la ejecutiva federal del PSOE y de la comisión ejecutiva regional de Madrid calificaron el decreto como positivo "porque subsana los anteriores errores del Gobierno socialista" y como un paso importante hacia -la consecución de que la maternidad sea una decisión libre de la mujer.
Médicos
El presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Ricardo Ferré, dijo que la Organización Médica Colegial se pronunciará más adelante sobre este decreto, cuando hayan analizado con detenimiento los artículos del mismo, y no descartó la posibilidad de recurrir ante los tribunales de justicia si el decreto no recoge las aportaciones emitidas por el Consejo de Médicos. "Me parece muy bien que se hayan tenido en cuenta las recomendaciones de la OMS", dijo Ferré, "pero deberían haberse tomado en consideración también nuestras opiniones porque, de lo contrario, puede parecer un menosprecio hacia el rigor y la capacidad de los médicos españoles", dijo Ferré.Los sectores feministas y los medios sanitarios progresistas acogieron ayer con escepticismo el nuevo decreto y, prácticamente, todas las organizaciones coincidieron en que no cambiará sustancialmente la situación. Consuelo Ruiz Jarabo, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, considera que "la nueva normativa no resolverá el problema de los miles de mujeres que desean abortar y no se encuentran en los limitados tres supuestos de la ley. Por otra parte, el decreto no garantiza que el sector público asuma la aplicación de la ley y discrimina a las mujeres según tengan o no recursos para pagar el aborto".
En idénticos términos se expresó Ángel López, de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid, quien añadió que el nuevo decreto no evitará situaciones como las recientes detenciones. Según la Asociación de Trabajadores de Planificación Familiar de Cataluña, "todo queda prácticamente igual. La única diferencia es que ahora las clínicas privadas podrán realizar abortos con mayor facilidad". La Comision pro Aborto de Barcelona calificó el decreto de "nuevo pegote del Gobierno".
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