Galicia o la supervivencia del feudalismo rural

Cándida Ulfe, de 57 años, labradora, vecina de As Enchousas (La Coruña), ha sido condenada por la Audiencia de La Coruña a un mes de arresto y una multa por un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad junto con un hijo y una vecina. En noviembre de 1984 se encerró en su casa, con su hija de tres años y su tía de 77, para tratar de impedir que la echaran de las tierras que trabajaba. El relato del asedio de la Guardia Civil, que desgrana con su voz aniñada, se interrumpe siempre en un punto: "Me dieron con un bote de humo en el cuello y desperté en el hospital".

La pasada semana, la audiencia coruñesa condenó a Cándida Ulfe a un mes de arresto y multa por desobediencia, y a su vecina María Pena Vilaboy, acusada de atentado, a seis meses y a indemnizar a un guardia civil al que agredió con una hoz. Los Ulfe trabajaron durante más de cinco generaciones cerca de 200 ferrados (unas 10 hectáreas) en As Enchousas (una zona deprimida de montaña al noroeste de Ferrol) con un régimen de arrendamiento semi feudal que no varió mucho desde la primera generación: en lugar de pagar en trigo, lo hacían con su equivalente en metálico.Esta versión entre contemporánea y medieval de Raíces profundas se inició cuando Armando Romero Castrillón, cabeza visible de una sociedad de explotación agraria, compró a los herederos de la condesa de Pardo Bazán unos 3.000 ferrados que explotaban 17 familias en condiciones parecidas a los Ulfe. Algunos afirman que se enteraron del cambio de dueño cuando les dijeron que tenían que dejar las tierras; otros, confiando en los eternos "intermediarios y consejeros legales" del campo gallego, presentaron recurso fuera de plazo.

Para Emilio López, Milucho secretario general de Comisions Labregas, un sindicato ligado tradicionalmente a este tipo de conflictos, el caso de As Enchousas no es ni mucho menos el único. Según sus estimaciones, el 10% de los labradores gallegos explota las tierras en diversos regímenes de arrendamiento bajo la denominación común de caseiros. Para el dirigente sindical, la mayoría de estas situaciones constituye "claros vestigios de un sistema económico feudal", y la actuación concreta en As Enchousas, "una práctica que no desdice de las utilizadas en los regímenes surafricano o chileno".

Prórroga

De 5.000 a 6.000 explotaciones en régimen de arriendo incumplen la regla general del campesino gallego como pequeño propietario, según la documentación que acompañaba a una propuesta del economista Xosé Manuel Beiras, único diputado del Bloque Nacionalista en el Parlamento gallego, y que logró en la Cámara el mínimo consenso para que se prorrogase en dos años el plazo que la ley de Arrendamientos Rústicos concede para la extinción de los mismos, y que finalizaba este año.Beiras presentó hace poco una interpelación sobre otro caso en Berdoias (La Coruña), en que los propietarios obstaculizan desde hace años el acceso legal a la tierra de los campesinos que pagan por trabajarla.

En As Enchousas quedan en la actualidad siete u ocho familias en esta situación. El resto se fue o se las arregló para recuperar las tierras, pagando por lo general el doble de lo cobrado por los antiguos propietarios.

Cándida estaba precisamente en tratos con un socio de Armando Romero para comprar parte de las tierras. "Cuando le pedí que esperase, que iba a adquirir parte de los terrenos, me amenazó y dijo que o desalojaba o mandaba una excavadora". Al regresar del hospital, Cándida comprobó que lo de la excavadora iba en serio: la casa estaba reducida a escombros. Los vecinos le dieron ropa y obreros de Astano y sindicalistas agrarios le construyeron días después un refugio con los restos de su vivienda.