Nicaragua y el derecho internacional

ESTADOS UNIDOS ha sufrido una derrota moral en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ha tenido que vetar una resolución en la que se pide el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Internacional de Justicia el 27 de junio pasado, lo que significa exigir al Gobierno de Washington el cese inmediato de su apoyo a la guerrilla antisandinista. Ningún otro miembro del consejo votó contra la resolución; hubo 11 votos a favor -entre ellos el de España- y tres abstenciones. Estados Unidos tiene poder de veto, y, por tanto, la resolución no ha sido formalmente aprobada. Pero este veto norteamericano no es uno más de los que se han producido en las discusiones de la ONU. El Gobierno de Reagan, al proclamar que no se siente obligado por una sentencia de La Haya, establece un precedente peligroso: si se acepta que una superpotencia puede actuar al margen del derecho internacional y de la Carta de la ONU, no puede negarse a la otra que haga lo mismo; de esta forma se vienen abajo los principales argumentos que EE UU utiliza en su permanente polémica contra la URSS.Al mismo tiempo, hechos recientes demuestran que la Administración de Reagan está reforzando esa política condenada por la sentencia de La Haya: a comienzos de octubre, el ciudadano norteamericano Eugene Hasenfus, ligado a la CIA en diversas ocasiones, fue hecho prisionero en territorio nicaragüense al ser derribado un avión que abastecía a la contra. Este hecho parece indicar una escalada hacia una participación más directa de ciudadanos de EE UU en el conflicto de Nicaragua. El Gobierno de Washington ha eludido su responsabilidad alegando que ignoraba todo de ese caso y que se trataba de una acción "privada". Pero la Prensa norteamericana ha explicado con datos que esas acciones privadas son organizadas por la CIA y aprobadas por la Casa Blanca. Por otra parte, es significativo que el Gobierno de EE UU no quiera saber nada de la suerte de Hasenfus, olvidando los elogios a los "combatientes de la libertad" de los discursos presidenciales. Está claro que Reagan teme el impacto de este caso en la opinión pública, porque una cosa es hablar en general de "ayuda a la contra" y otra muy distinta que un norteamericano aparezca complicado en una operación de suministros militares, lo que hace surgir inevitablemente el fantasma de Vietnam.

El 28 de octubre, The New York Times informaba, paralelamente, que las autoridades de EE UU se disponían a entrenar en territorio norteamericano a los mandos de la contra. Se están buscando parajes aislados a fin de evitar reacciones de la población. Ello revela que la contra no puede ser considerada como una oposición nacional que goza de cierta ayuda exterior, sino más bien como una operación exterior con apoyos dentro del país. Estados Unidos asume no ya sólo su financiación, sino la preparación directa de sus cuadros de mando en territorio propio.

Pero el aspecto más importante de esta decisión lo constituye el hecho de que haya sido consecuencia de la negativa de los Gobiernos de Honduras, Costa Rica y El Salvador a que ese entrenamiento de la contra se realice en sus territorios respectivos. A pesar de la parálisis que sufren los trabajos del Grupo de Contadora, el conjunto de los Gobiernos de América Latina propugna soluciones de negociación y de paz, lo que influye incluso sobre Gobiernos centroamericanos muy opuestos al sandinismo.

En esta coyuntura, España ha obrado con acierto al apoyar la resolución exigiendo la aplicación de la sentencia. Esta posición reforzará el prestigio español en América Latina. Diferenciándose de las abstenciones francesa y británica, España ha definido una posición de principio a la que Europa no puede renunciar.