Un informe del Congreso de Bolivia exíge responsabilidades a la policía por la extensión del narcotráfico

El biólogo español Vicente Castelló, enmarañado entre las lianas de la serranía boliviana de Caparuch, no imaginó que su milagrosa supervivencia podría significar una amenaza a la estabilidad del régimen democrático de Víctor Paz Estenssoro. La comisión del Congreso encargada de investigar el triple asesinato en Huanchaca el pasado septiembre ha puesto en entredicho -según el informe que será presentado al país el próximo día 27 y al que ha tenido acceso este periódico- todo el sistema policial del país, incluido el ministro del Interior.

El informe de la comisión del Congreso afirma que el narcotráfico "ha tendido en Bolivia una compleja red económico-social vinculada al poder económico y político del país", pero al mismo tiempo reconoció que estas investigaciones no han podido descubrir de manera alguna "el gigantesco universo de relaciones, que desembocan en el narcotráfico".Después de que prestara declaración medio centenar de personas, incluyendo a algunos ministros y altos jefes policiales, la comisión del Congreso ha solicitado el relevo de toda la cúpula policial boliviana y del jefe de la lucha contra el narcotráfico', y ha acusado al ministro del Interior, Fernando Barthelemy, de haber incurrido en "lenidad, negligencia e irresponsabilidad" por su comportamiento en el caso de Huanchaca.

La petición de suspensión en sus funciones del jefe de la Policía boliviana, general Julio Vargas Soto, ha sido aceptado ya por el presidente de la República. Sin embargo, Víctor Paz Estenssoro ha ratificado que tiene plena confianza en el resto de los jefes policiales y en el propio ministro Barthelemy.

La suspensión se debe, esencialmente, a las contradicciones en las que incurrieron supuestamente los jefes policiales en relación a la declaración que, durante seis horas, prestó el ministro Barthelemy ante la comisión del Congreso.

"Las declaraciones del ministro del Interior permitieroin establecer contradicciones con aquellas prestadas por la cúpula policial", ha explicado el diputado Roger Cortés, del Partido Socialista, miembro de la comisión investigadora.

Barthelemy, que se manifestó con transparencia de hechos y conductas" en su declaración ante la comisión, fue rotundo esta semana al aclarar que en sus declaraciones no hizo "acusaciones contra ningún jefe policial ni militar" al deslindar responsabilidades en la suspensión de la cúpula policial.

Entre los suspendidos, además del comandante general Vargas Soto, figuran el inspector general de la Policía y actud jefe de las operaciones conjuntas en El Beni, general Guido López, el comandante de los leopardos -policía especial contra el, narcotrafico- en la provincia de El Beni, teniente coronel Germán Linares, y el coronel Dillman Guzmán, miembro de un servicio de inteligencia "cuya existencia no conocía ni siquiera la comisión del Congreso".

Sin embargo, el retraso de 40 horas en llegar a Huanchaca, al lugar donde quedaron los restos calcinados del científico Noel Kempff Mercado, de su piloto, Juan Cochamanidis, y del guía Franklin Navarro parecía apuntar directamente a la responsabilidad del Ministerio del Interior, independientemente del grado de responsabilidad que pudieran tener la oficina antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y las tropas del Comando Sur, asentadas ahora en San Javier y Trinidad, equidistantes a 400 kilómetros al oeste de Huanchaca.

Jugando al golf

Las explicaciones, de toda índole y hasta contradictorias entre sí, incluyen la falta de autorización estadounidense a la movilización de los helicópteros y tropas, porque el jefe del Comando Sur, general John Taylor estaba "jugando golf al otro lado de Panamá y no pudo ser avisado hasta el lunes próximo".Ante esta versión, la pregunta obvia es por qué entonces no se levantó la contraorden desde el Ministerio del Interior y se permitió el domingo mismo que salieran los militares desde Santa Cruz, puesto que estaban listos para la incursión desde el sábado por la tarde, pocas horas después de que el único superviviente de la matanza, Vicente Castelló, denunciara la existencia de la más grande fábrica de cocaína descubierta hasta entonces.

Lo más probable es que las investigaciones de la comisión del Congreso lleven al presidente Víctor Paz Estenssoro a retirar su confianza en algunos de sus colaboradores por negligencia en sus funciones.