Las más de 3.000 mujeres que abortaron en Salamanca no serán procesadas

Las mujeres que abortaron en el Instituto Médico Canalejas, de Salamanca, más de 3.000, no serán procesadas, según el auto que dictó ayer el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Hilario Muñoz Méndez. Hasta el momento han sido procesadas nueve personas, que trabajaban en la clínica. En su resolución, el juez indica que el aborto "es un delito no asumido como lícito penal por la totalidad de la sociedad española".

Según el auto, "no es preciso proyectar la investigación de la acción de los procesados en las 3.000 mujeres que han podido pasar por el centro Canalejas, por lo que los pocos datos que pudieran aportarse al sumario por dicha investigación tendrían un escaso beneficio procesal", mientras que sí causarían "perjuicios difícilmente previsibles" en el ámbito familiar, social y personal de las mujeres.El juez también afirma en el auto dictado ayer que "no pueden parangonarse sumarialmente conductas como las de los procesados con las mujeres que deseaban abortar, ya que el entorno angustioso y problemático de éstas no existe en los procesados". En relación con éstos especifica que el dolo está presente en Rafael Jesús Fiel, director gerente, y en su esposa, Marcelina Martín, con la organización o montaje de la infraestructura del centro, "circunstancia que no aparece en las mujeres que abortan".

Hilario Muñoz mantiene que con los razonamientos jurídicos recogidos declara que no procede dirigir la investigación hacia las mujeres que interrumpieron su embarazo, "dado que parte de la sociedad ha configurado activa o pasivamente para la madre gestante una infraestructura encaminada a la práctica de abortos, ilimitada en cuanto a motivaciones, aunque sí limitada, al parecer, en cuanto a tiempo máximo de 12 semanas de gestación". El juez considera también que "se ha acreditado sumarialmente que algunos de los abortos provocados estaban comprendidos dentro de la normativa legal", aunque no se realizaran en un centro oficial acreditado.

El auto expresa en otro de sus razonamientos que "se ha creado en Salamanca una infraestructura no investigada por nadie durante año y medio, y esta infraestructura es meta para producir tres millares de abortos durante dicho período, resolviendo a las mujeres que allí acudían el problema social, físico, económico o ético que conlleva una gestación no deseada". Se añade que de esa forma se resolvía "el conflicto angustioso de la mujer que no desea seguir el embarazo y que tiene un plazo de 12 semanas para darle solución real, tanto para los abortos permitidos por la ley como para los no autorizados".

El juez, en respuesta concreta a una pregunta sobre el procesamiento de las nueve personas que trabajaban en el Instituto Médico Canalejas, ha indicado que si se produjera una normativa más amplia sobre el aborto, quizá cabría el indulto para siete de esas personas. Sin embargo, indicó que ése no sería el caso de Jesús Fiel, procesado por presunto delito de amenazas públicas, y su esposa, Marcelina Martín, procesada por intrusismo.

[Una doctora y una de sus pacientes han sido detenidas y puestas a disposición judicial en Santa Cruz de la Palma, tras ser denunciadas por presuntas prácticas abortivas, informó anoche la agencia Efe. Las detenidas son la doctora María Teresa P. C. y la paciente María Neli B. P., según fuentes próximas al caso citadas por dicha agencia.]