La juez Huerta solicita a la Guardia Civil nuevos datos para identificar a los presuntos torturadores de Linaza
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, María Elisabeth Huerta, ha dictado diversas providencias para que la Dirección General de la Guardia Civil provea los datos para identificar a los autores de un presunto delito de torturas y nudos tratos a Tomás Linaza Euba. Estas providencias judiciales se producen cuando han quedado suspendidas las ruedas de reconocimiento, tras la recepción de un oficio denegatorio de la comparecencia de 90 guardias civiles.
La juez de Bilbao ha remitido a la Dirección General de la Guardia Civil un escrito solicitando que se le envíe una relación de los miembros del instituto que tuvieron proximidad física con Tomás Linaza -padre del presunto etarra Tomás Linaza-, mientras permaneció detenido desde el 14 al 22 de mayo de 1981. También solicita el envío de los atestados que la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao haya elaborado describiendo las circunstancias de la detención de las personas que permanecieron con Linaza en las dependencias del instituto,Tras la suspensión de las ruedas de reconocimiento el pasado día 3, lajuez Huerta ha recabado a mandos de la Guardia Civil la informacion necesaria para el desarrollo del sumario. Entre las peticiones, se incluye la información contenida en el libro de registros que teóricamente lleva la Guardia Civil sobre las circunstancias que rodearon la detención de Linaza, así como la relación de personas que fueron detenidas junto a Linaza en Bilbao y permanecieron luego incomunicadas en dependencias de la Dirección Genenú en Madrid.
La titular del juzgado también ha solicitado que se le remita por parte de la Comandancia de la Guardia Civil en Bilbao la relación de agentes del citado cuerpo que fueron autorizados a asistir al funeral por un compañero muerto en atentado en la fecha en que Linaza fue detenido. Según la declaración de Linaza, tres miembros de la Guardia Civil le maltrataron cuando regresaban del funeral.
La apertura de estas nuevas diligencias por parte de la juez Elisabeth Huerta reorienta el proceso después ole que un oficio firmado por un teniente coronel adscrito a la Dirección General de la Guardia Civil denegara, el pasado 29 de agosto, la comparecencia de 90 guardias civiles en ruedas de reconocimiento. El oficio alegaba la existencia de una orden del Gobierno en ese sentido. Dicha orden fue posteriormente confirmada por el ministro de Interior, José Barrionuevo, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao tramita en estos momentos la investigación sobre la existencia de esta orden del Gobierno. El pasado 24 de septiembre, el teniente coronel José Álvarez Alonso, confirmó ante el juzgado ser el firmante del oficio y se remitió a la escala jerárquica de la Guardia Civil para justíficar el mismo. La prestación de testimonios por parte de los mandos citados por el teniente coronel y la remisión de la grabación de RTVE y el diario de sesiones del Congreso relativos a las comparecencias de los ministros de Interior y Justicia, en el Parlamento, completarán la investigación.
La reapertura de diligencias para la identificación de los autores de las torturas a Linaza, coincide con el relevo en la defensa de los guardias civiles. El abogado personado en el proceso hasta la fecha, Pedro Sánchez Ruiz, deja paso a Jorge Argote, defensor habitual de guardias civiles en los juzgados de Euskadi. El juzgado de instrucción número 3 de Bilbao instruye el proceso desde 1984, después de que la nueva normativa trasladara a los juzgados civiles lo que antes era competencia de los militares. Las ruedas de reconocimiento que han provocado la polémica han servido hasta el momento para la identificación por el acusador de dos personas que presuntamente le torturaron.
Linaza reconoció a un sargento de la Guardia Civil, actualmente destinado en Lérida, y a un miembro del instituto en Bilbao, apodado teniente Colombo. Este apodo tiene su origen en la actuación de este miembro de la Guardia Civil durante la huelga de 72 días realizada por los trabajadores de la empresa Firestone, radicada en Vizcaya, en los primeros meses de 1975. Participantes en aquella huelga fueron defendidos por el entonces abogado laboralista Felipe González, que envió un telegrama de solidaridad a los líderes de los obreros huelguistas.
