La quiebra de la legalidad

La decisión del Gobierno de determinar la incomparecencia de 90 guardias civiles a una rueda de reconocimiento ordenada por una juez de Bilbao ha planteado diversas interrogantes. Desde el punto de vista de la legalidad, el autor ofrece las posibles respuestas.

¿Es útil y pertinente que un juez acuerde el reconocimiento en rueda de 90 presuntos autores de un delito cometido hace más de cuatro años? Planteada la pregunta en un recinto académico para ser dilucidada por los aprendices de derecho obtendría, con toda seguridad, una respuesta abrumadoramente negativa.El tema que contempla el interrogante enunciado ha saltado de la teoría a la realidad, suscitando un problema, de muy agudos perfiles que no puede afrontarse aislándolo del contexto procesal y político en que se ha producido.

Ofrecer una relación de 90 personas ante los intentos de identificar a tres posibles partícipes de un hecho objetivado por un informe médico oficial incorporado al proceso parece un desafío a la autoridad y competencias judiciales. Si respetamos la cronología de los incidentes procesales, nos parece que la decisión judicial no ha sido improvisada y está perfectamente conectada con el objeto de la investigación. En realidad, la decisión judicial ha sido provocada por la falta de colaboración de las autoridades policiales.

El Gobierno ha reaccionado ordenando la incomparecencia y avalando una postura que data de anteriores responsables de la seguridad del Estado. Resulta preocupante que una determinación de esta naturaleza se mantenga obstinadamente unos años después sin hacer una previa valoración de todos los factores en liza y sin tener en cuenta su repercusión sobre la normalidad constitucional y el papel de las instituciones dentro del sistema democrático.

Por encima de efímeros pragmatismos está dilucidándose la credibilidad de los ciudadanos en los valores democráticos, al mismo tiempo que se predica su inadecuación para hacer frente a la criminalidad terrorista.

El conflicto ha llegado al Parlamento. Todos los grupos que han participado en las interpelaciones coinciden en calificar la decisión del Gobierno como una quiebra de la legalidad todavía vigente, pero ya se ha insinuado que la fractura puede ser fácilmente soldada con un nuevo producto legislativo que consagre la incomparecencia de los funcionarios policiales en las ruedas de reconocimiento o sustraiga su práctica a los jueces naturales. Una vez más se pretende salvar las formas obviando los principioss y garantías que sostienen la legalidad democrática.

Ambigüedad

El Gobierno, por boca de dos de sus ministros, ha mantenido una cierta ambigüedad entre la promesa del carácter excepcional de la decisión adoptada y la reafirmación de la legalidad de su incitación a la desobediencia policial. No ha aclarado suficientemente si la excepcionalidad va a ser ampliada a casos semejantes o si pretende convertir la inconiparecencia en un área de seguridad resguardada por una ley derogatoria que consagre el privilegio de los funcionarios encargados de la detención de personas que, en el caso de la ley Antiterrorista, pueden estar durante 10 días en las dependencias policiales.De momento no se ha dado una respuesta jurídica y política al conflicto suscitado. El poder ejecutivo se ha salido del marco del debate, arrogándose atribuciones judiciales y negándose abiertamente a dar cumplimiento a una resolución judicial.

Si cada juez al que corresponda el conocimiento de hechos que revistan caracteres susceptibles de ser encajados en el apartado del Código Penal que sanciona la tortura se encuentra ante un masivo espectro de posibles culpables sería preferible suprimir esta figura delictiva y denunciar el convenio internacional firmado por España antes que provocar estériles enfrentamientos entre los poderes del Estado.

Si la decisión del Gobierno se consuma ¿qué pueden hacer los jueces en el desempeño de su labor investigadora?, ¿cómo podrán ejercitar plenamente las facultades juriísdiccionales que la Constitución les atribuye?, ¿qué resta de la sumisión a la legalidad constitucional de todos los poderes del Estado?, ¿qué puede hacer el individuo frente al muro de silencio que levantan las instituciones?, ¿qué puede ofrecer el sistema democrático?

De momento sólo la rectificación del Gobierno podría salvar este grave conflicto. La lucha antiterrorista no pierde su eficacia ni se debilita por facilitar al juez los nombres de las personas sospechosas, solamente sospechosas, de ser autoras de un hecho que, si resulta acreditado, repugna a toda conciencia civilizada.

Empecinarse en la actual postiara sólo refuerza los objetivos de los que utilizan la violencia, el asesinato y la extorsión como arma de acción política; ellos sí que habríá conseguido sus objetivos. La democracia, vacía de contenido, terminará perdiendo sus señas de identidad, convirtiéndose en resquebrajado edificio sin consistencia.

El sistema democrático puede admitir sin mayores quebrantos que 90 guardias civiles comparezcan ante un juez, pero no puede permitirse la rebeldía de sus servidores sin hacer peligrar los principios esenciales que mantienen el contrapeso entre los poderes del Estado. Todavía es tiempo paira una solución equilibrada. La democracia lo necesita y la razón y la ética lo exigen.