35 Estados llegan a un acuerdo para reducir los riesgos de que se produzca un conflicto armado en Europa

Los 35 Estados miembros de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) -todos los europeos, con excepción de Albania, más EE UU y Canadá- llegaron ayer en Estocolmo a un acuerdo sobre un paquete de medidas destinadas a fortalecer la confianza y la seguridad en el continente, así como al logro del desarme, cumpliendo con el mandato estipulado por la reunión de Madrid, en 1983. En su parte sustancial, referida a las medidas que los Estados participantes han acordado adoptar para atenuar los riesgos de un conflicto armado en Europa, figuran: notificación previa de ciertas actividades militares, observación de éstas por parte de todos los demás Estados participantes e intercambio fluido de comunicaciones.

Muchos detalles referidos a estos puntos de acuerdo fueron objeto de arduas negociaciones que obligaron a la conferencia a adoptar la famosa "detención de los relojes" el viernes por la noche. Por fin, ayer quedaron salvadas las diferencias existentes.El logro fundamental del acuerdo se refiere a la inspección de maniobras. No sólo porque es el que prové las garantías para la efectividad de las medidas creadoras de confianza, sino porque por primera vez, la Unión Soviética acepta el principio de que su territorio pueda ser inspeccionado por observadores extranjeros para verificar que las actividades militares notificadas se cumplen de acuerdo con lo anticipado. Baste recordar que, al inicio de la conferencia, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromiko, había rechazado tajantemente esa posibilidad.

Otro punto conflictivo, que era el del umbral de efectivos para la notificación previa de las actividades -sobre el cual los criterios de la Alianza Atlántica y el Pacto de Varsovia diferían sustancialmente- quedó zanjado mediante sucesivas concesiones de las partes. El número de efectivos por encima del cual deberá notificarse toda maniobra quedó finalmente fijado en 1.3.000 hombres, para la notificación simple, y en 17.000, para la observación. La cuota de inspecciones anuales que podrá recibir cada Estado miembro será de tres.

La forma y los medios para la realización de la inspección, otro de los puntos controvertidos, se solucionó mediante una concesión de Estados Unidos, que aceptó que esta tarea se cumpla con la ayuda de aviones y tripulación del Estado inspeccionado.

A todos estos efectos, cada estado participante deberá entregar a todos los demás el calendario anual de actividades militares sujetas a notificación previa, como muy tarde el 15 de noviembre de cada año. Excepcionalmente, este año 1986 la fecha límite ha sido ampliada hasta el 15 de diciembre, en atención al escaso margen de tiempo que falta para el límite normal.

El acuerdo hace compatible también el respeto de las áreas restringidas que cada Estado posee, con los derechos del Estado inspector a examinar la realización de una posible maniobra militar que debiendo haber sido notificada no lo fuere.

Adelanto sustancial

El jefe de la delegación española, José Manuel Allendesalazar, señaló a EL PAÍS que el acuerdo logrado significa un adelanto sustancial respecto al Acta de Helsinki. "En primer término porque la información sobre actividades militares es ahora obligatoria y no lo era antes, luego porque se ha bajado el límite de los efectivos por encima del cual es obligatoria la denuncia y fundamentalmente porque es la primera vez que se incluye la inspección en un tratado militar, lo que permitirá que en un lapsus de 36 horas cualquier país miembro pueda enviar una misión de observación". "Todo esto", agregó el embajador, "crea una transparencia en Europa generadora de confianza, tiene un efecto disuasor en sí mismo y facilita el camino hacia la distensión y la paz, principios que son intrínsecos a la política exterior de España".

En el proyecto de documento final, cuya aprobación estaba prevista para anoche aunque quedaban por acordar algunos detalles, los Estados participantes reiteran su compromiso de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, reafirman que en el contexto de la seguridad mundial, la seguridad de Europa está estrechamente relacionada con la seguridad en la región del Mediterráneo, y subrayan también la necesidad de adoptar enérgicas medidas para evitar y combatir el terrorismo.

La parte introductoria recuerda que a lo largo de su desarrollo han hablado personalmente ante los participantes el ex primer ministro de Suecia, Olof Palme, posteriormente asesinado, el presidente del Gobierno de España, Felipe González, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, y otros altos funcionarios de los estados miembros de la CSCE.