La universidad de Valencia agotará los recursos para mantener la enseñanza en catalán

La universidad de Valencia ha anunciado que tiene la intención de recurrir, si ésta es negativa, la sentencia que próximamente dictará la Audiencia Territorial sobre el recurso a un acuerdo de su junta de gobierno que permite la enseñanza en catalán. El acuerdo en cuestión, suspendido cautelarmente por la Audiencia, fue recurrido por el grupo de derecha Alternativa Universitaria, el cual ha manifestado también su intención de llevar la cuestión hasta el Tribunal Supremo.

Un acuerdo de la junta de gobierno de la universidad de Valencia que permitía a los profesores de esta institución impartir sus clases en castellano o en catalán, lenguas oficiales de la comunidad autónoma, ha sido suspendido, de forma cautelar, por la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial. Tramitado por el procedimiento de urgencia, el recurso que ha dado origen a esta resolución fue presentado por el grupo derechista Alternativa Universitaria y tendrá sentencia, con toda probabilidad, antes del comienzo del curso académico.La decisión de la Audiencia de no aceptar los argumentos de la universidad, del ministerio fiscal y del letrado del Estado, coincidentes en la solicitud de no aplicación de la suspensión cautelar, se basa en la consideración de que los posibles perjuicios que la suspensión puede ocasionar al interés general y a la organización del año académico "no son de la entidad y concreción necesaria para desvirtuar la regla general de suspensión del acto".

La universidad de Valencia ya ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia si ésta resulta negativa para el acuerdo de la junta de gobierno. El rector de la misma, Ramón Lapiedra, se mostró ayer optimista ante el resultado de este contencioso que Alternativa Universitaria ha planteado por considerar que se discrimina a los alumnos por motivos de lengua. y porque se introduce "tendenciosamente el vocablo catalán para referirse al idioma valenciano". No obstante, la denominación lengua catalana está expresamente recogida en los estatutos de la universidad, que en su día ya fueron objeto de modificaciones por parte del Gobierno de la Generalitat valenciana.

Ramón Lapiedra piensa que el de la denominación de la lengua no es el objeto central del recurso, sino la voluntad de impedir su normalización académica. "O el valenciano progresa o desaparecerá", aseguraba ayer en el transcurso de una conferencia de prensa. Igualmente valoraba la suspensión cautelar del acuerdo de la universidad como "una decisión desdichada", aunque de mínimas consecuencias sobre la vida académica, dado que se prevé una rápida sentencia en el caso. Los efectos del contencioso, en cambio, podrían producirse después de la sentencia, si, corrio han anunciado tanto la universidad como Alternativa Universitaria, una de las partes decide recurrir al Tribunal Supremo.

"Las consecuencias prácticas no serán importantes, de todas maneras", proseguía el rector, porque, de hecho, un gran número de clases ya se da actualmente en valenciano, previo acuerdo entre profesores y alumnos, y así se seguirá haciendo". Acentuando su posición de firmeza y decisión en el asunto, Lapiedra afirmaba también que la postura de la junta de gobierno "está de acuerdo con la legalidad, el Estatuto de autonomía, los estatutos de la universidad, la Constitución y el sentido común de cualquier valenciano que estime su propia lengua".

El acuerdo impugnado preveía, como mínimo, un grupo en castellano para el primer curso, en caso de que el problema de alumnos provenientes de otras zonas de España lo exigiera.