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ECOLOGÍA

Grupos cántabros critican los cambios en la península de la Magdalena

La Asociación para la Defensa de Playas y Costas, fundada hace tres años, se ha dirigido al Defensor del Pueblo pidiéndole que actúe jurídicamente ante el Ayuntamiento de Santander para tratar de paralizar el "gravísimo atentado ecológico" que se ha producido en la península de la Magdalena, en Santander. Se trata de un parque público y sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde el ayuntamiento ha realizado en los dos últimos años, obras con destrucción de acantilados y "cambio irreversible de la fisonomía de uno de los más bellos paisajes del litoral español", denunciadas también por otros grupos.La asociación asegura no poseer conocimiento alguno de que dichos trabajos para proporcionar habitáculo a focas, leones y pingüinos, se estén realizando con el debido proyecto y acogidos a presupuestos legalmente aprobados.

Las obras se iniciaron en el verano de 1984 con la construcción de la piscina para focas y lobos marinos. A causa de estas obras se ha modificado profundamente el paisaje de la Magdalena con la voladura de arrecifes y la desaparición de acantilados, además de los daños a la flora y fauna de la zona. Anteriormente, en otra zona de la península, se habían llevado ciervos, gamos y jabalíes. Este año se han adquirido dromedarios que pasean diariamente a los niños.

Desde el inicio de las obras representantes de diversos grupos políticos, científicos, urbanísticos y ecológicos han manifestado sus protestas por los que se ha calificado de "salvaje atentado" a través de los medios de difusión. Entre los planes del alcalde, Juan Hormaechea, que pretende seguir adelante con este proyecto, se encuentra el llevar al parque municipal canguros y pelícanos.

La península de la Magdalena pasó a poder del Ayuntamiento de Santander en 1977, tras una operación de compra-venta por valor de 150 millones de pesetas. Posteriormente fue declarado parque municipal. Las obras emprendidas, que suscitan vivos y encontrados comentarios entre la sociedad santanderina, constituyen, según la citada asociación, una vulneración del artículo 45 de la Constitución al haberse causado daño irreparable al paisaje.

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