La Policía acude a la sede del CNIO para solicitar documentación a petición de Anticorrupción

Agentes de la Policía Nacional se han presentado este lunes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), para solicitar documentación a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que investiga una presunta trama millonaria de contratos amañados, denunciada por un exdirectivo de la institución.

El Ministerio de Ciencia, del que depende el centro, asegura que “no se ha tratado de un registro”, como ha adelantado el diario El Mundo, “sino exclusivamente de una solicitud formal de información”, según un portavoz. Los agentes, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se han llevado esa documentación en un disco duro, pero “en ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo”, según el portavoz del gabinete de la ministra Diana Morant. Fuentes policiales confirman que no ha sido un registro, sino un requerimiento de documentación.

El CNIO es el mayor organismo de investigación del cáncer en España. Un exdirectivo, despedido con un expediente disciplinario en agosto, ha denunciado que el exgerente del centro, Juan Arroyo, y otros empleados urdieron una supuesta red de contratos amañados, hinchados y otorgados a empresas amigas. Según los cálculos del exdirectivo despedido, se pudieron sustraer de las arcas públicas del CNIO unos 20 millones de euros en una década.

Arroyo fue director gerente del organismo durante más de 15 años. La denuncia alerta de “un conjunto de patrones” en las contrataciones de servicios y personal en el CNIO. A partir de 2007, según el denunciante, aparece un grupo de “empresas satélites” con el presunto objetivo de “resultar adjudicatarias de todos los contratos” de actividades externalizadas. La información enviada a Anticorrupción pone el ejemplo de Gedosol, fundada por el exjefe de personal del CNIO y beneficiaria de más de 15 millones en contratos, siempre según la denuncia.

Otra empresa señalada es Zeus SL, creada por el exdirector técnico del centro y que supuestamente habría facturado 5,4 millones de euros. Alaos ITL SL, vinculada al exdirector de compras del organismo, facturó 11 millones de euros, según el denunciante. Las empresas de la red tenían como único cliente al CNIO y supuestamente ganaron prácticamente todas las licitaciones a las que se presentaron, según el texto de la denuncia, adelantada el 16 de noviembre por El Mundo y confirmada por EL PAÍS. Arroyo niega las acusaciones.

El patronato del CNIO ―su máximo órgano de gobierno, presidido por Eva Ortega Paíno, secretaria general de investigación del Ministerio― decidió en enero destituir a Arroyo como gerente y también a la directora del centro, María Blasco, que estaban enfrentados y ni siquiera se hablaban. El bioinformático Raúl Rabadán, hasta entonces en la Universidad de Columbia (EE UU), sustituyó a Blasco, acusada de presuntos casos de acoso laboral y abuso de poder contra algunos empleados. La científica, a su vez, sostiene que jamás ha acosado a nadie y ya había denunciado los supuestos chanchullos de Arroyo.

El Ministerio de Ciencia ha presumido este lunes de “su colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO”, según ha declarado su portavoz. El centro tiene un presupuesto anual de unos 40 millones de euros, la mitad de ellos aportados por el Ministerio.

Según la denuncia a la Fiscalía, de 120 páginas, la presunta trama cobraba por servicios de los que antes se ocupaba el propio personal del CNIO, asfixiado por los recortes y las trabas burocráticas. Las empresas, según el denunciante, recibían pagos de decenas de miles de euros por tareas que no realizaban.

El denunciante señala supuestos contratos encadenados por 49.900 euros o 14.900 euros, justo por debajo de los umbrales que requerirían un mayor control, según establecen la Ley de la Ciencia y la guía interna de contratación del centro, como detalló este periódico hace un mes.

La presidenta de honor del patronato del CNIO es la propia ministra de Ciencia, la socialista Diana Morant. En este órgano de gobierno también figuran otros representantes del Ejecutivo central y de cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Islas Baleares, Región de Murcia y Extremadura, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Miembros de tres fundaciones privadas —BBVA, Asociación Española contra el Cáncer y Cris Contra el Cáncer— completan el patronato.