La jueza pregunta a la Abogacía de la Generalitat por las consultas de altos cargos en torno al confinamiento el día de la dana

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha preguntado a la Abogacía de la Generalitat si algún alto cargo del Consell les hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales. A lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto, según se desprende de los whatsapp que la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa junto a su número dos, Emilio Argüeso, intercambió con altos cargos de Presidencia, la posibilidad de un confinamiento de la población en las horas críticas del día de la dana y las dudas que esa opción despertaron en ellos.

Pradas quería pedir el confinamiento de las “áreas afectadas” y “alejamiento (subir a las plantas altas) en unos cuantos municipios” el día de la dana. Pero el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, por ejemplo, le respondió por escrito a través de la aplicación de emsanjería: “Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado [la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé]”. La exconsejera sabía que no, que la ley de Emergencias contempla esta competencia autonómica y se lo explicaba, en pleno caos, al que parecía el máximo representante del Gobierno en esos momentos: “Quítate eso de la cabeza, por favor”, le respondió Cuenca.

Además, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, declaró el pasado 15 de diciembre durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados que respecto al confinamiento únicamente le recomendó a la consejera Pradas, al mando de la emergencia, que recabara el criterio jurídico de la Abogacía de la Generalitat.

El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, que declaró el pasado 17 de diciembre como testigo por segunda vez ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, también explicó que en el Cecopi se habló del confinamiento a la población, en relación al riesgo de rotura de la presa de Forata, cuando se planteó que la evacuación de la población de los municipios circundantes no era viable. “Ahí fue cuando se pusieron sobre la mesa otras medidas a incluir en un Es Alert como el confinamiento y ahí se habló de la duda legal sobre ese confinamiento”, declaró Suárez la pasada semana, según fuentes conocedoras de la declaración. Fue en ese momento cuando Pradas afirmó que iba a pedir asesoría jurídica. Ese contenido de alerta fue finalmente desestimado.

La jueza ha requerido al mismo organismo para que informe de si la Abogacía de la Generalitat fue emplazada el 29-O por el entonces secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, para que emitiera “alguna valoración jurídica” sobre aquella emergencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana,

Por otra parte, y a petición de la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), la magistrada ha acordado solicitar a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Gobierno vasco que presente un informe sobre las llamadas recibidas en el teléfono 112 de Euskadi por derivación del 112 Comunitat Valenciana aquel día, así como las grabaciones de esas llamadas para su futura incorporación al procedimiento.

En esta misma resolución, la jueza instructora rechaza otras diligencias solicitadas por esta parte relativas a una llamada telefónica y un mensaje de Whatsapp entre el lehendakari y el entonces president de la Generalitat Valenciana, pues esos contactos se produjeron “fuera del momento temporal en que habían de adoptarse decisiones para salvaguardar a la población”.

La jueza ha rechazado la petición de la acusación que ejerce Compromís para indagar sobre la posibilidad de recuperar la información de las cámaras del Palau de la Generalitat y razona que el tiempo que pudo pasar el entonces president Carlos Mazón en la sede del Gobierno valenciano “debió de ser escasísimo”. En concreto, la acusación que ejerce la coalición solicitaba citar a jefa de Servicios del Palau de la Generalitat a fecha 29 de octubre de 2024 para que explicara las razones del borrado de las imágenes y, “sobre todo, si hay alguna forma de obtener dicha información a pesar del supuesto borrado, con el objetivo de que pueda ser obtenida a través de un requerimiento con causa justificada”.

En el auto, la titular del juzgado argumenta que “la solicitud de obtención de las cámaras se convertiría en un elemento irrelevante, tanto si el señor Mazón realizó el camino desde el aparcamiento de Glorieta-Paz tras terminar la conversación con la señora (Maribel) Vilaplana, como en el caso de que dicha testigo le acompañara en coche hasta las proximidades del Palau, hipótesis que, aunque negada por la testigo, sería plausible atendiendo al tiempo que duró la comida en el restaurante, la sobremesa y el tiempo transcurrido hasta el abono del ticket del parking”.

Añade que, al acordarse las testificales de las personas, no solo escoltas y chófer, sino también de aquellos que, tras la llegada de Mazón al Palau pudieran dar fe de los comentarios que se realizó por el entonces jefe del Consell a raíz de las conversaciones con la exconsejera Pradas “decae en la investigación de los hechos atribuidos” a la extitular de Interior la relevancia del lapso temporal pasado en el Palau por Mazón.

“Lo relevante es lo que oyeron dichos testigos, no el concreto espacio físico, que pudo ser a la entrada, en las dependencias del Palau, o en el camino en coche hasta la Eliana. Siempre partiendo de lo brevísima que pudo ser su permanencia en la sede de la Presidencia de la Generalitat, aun en el caso de que la testigo Maribel Vilaplana le hubiera acompañado en automóvil a las cercanías del Palau”, repite en referencia a la periodista que comió aquel día con el dirigente autonómico en el restaurante El Ventorro.