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Cuando no paga la Administración

CINCO DÍASLa Administración española ha presentado desde las negociaciones previas el proyecto de ATT en España como la bandera. de enganche de la nueva etapa industrial española, como la insignia de la era tecnológica, de la que el Gobierno ha hecho gala en su programa electoral.El proyecto, sin embargo, no marcha por senderos de normalidad. Un primer traspié lo constituyó el informe de[ Stanford Research Institut a propósito de la obsolescencia de los productos que se piensa fabricar en la factoría de Tres Cantos.

Surge un nuevo problema con las ayudas oficiales que el Ministerio de Industria debe facilitar a la multinacional norteamericana. A los nueve millones de dólares concedidos y pagados deberían unirse otros 14 millones de dólares correspondientes a la subvención del Centro de Investigación y Desarrollo que acaba de crearse.

Esta partida presupuestaria, consignada en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año, no se liquidó, pero no fue incluida en los actuales presupuestos, lo que dará lugar bien a un suplemento de crédito por vía parlamentaria, bien a una colecta entre los directores generales del Ministerio de Industria para completar la partida que se adeuda a ATT.

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El problema creado es la manifestación de una doble carencia de la Administración. Por una parte, a pesar de todos los pronunciamientos, el Ministerio de Industria no cuenta con la dotación presupuestaria bastante para afrontar los compromisos que se derivarían de una acción decidida de apoyo a las empresas de alta tecnología que se pretenden crear en la fementida reindustrialización española. Por otro lado, pone de relieve la inercial y poco estructurada elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. (...) Es práctica tradicional y asumida que el Estado sea moroso por miles de millones, como en el caso de los contratistas de obras públicas, que mantienen endémicas deudas de la Administración que erosionan sus resultados económicos. Se trata de una práctica tan extendida que todo el que mantiene algún tipo de relación con la Administración central, autonómica y local, ha tenido que aprender a engordar los pliegos de condiciones para recuperarse de la morosidad segura que va a ser norma para las certificaciones.

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