Greenpeace pide a González que impulse una investigación sobre la pesca de coral

Greenpeace ha solicitado al presidente del Gobierno, Felipe González, que impulse una investigación independiente sobre la pesca de coral. El buque Sirius de la citada organización ecologista internacional interceptó el pasado mes de mayo al barco coralero Ricomar en las proximidades de la isla de Alborán, y le obligó a abandonar el arrastre por el procedimiento de la barra italiana.El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocó con fecha 27 de junio en el Boletín Oficial del Estado un concurso público para otorgar autorizaciones de pesca de coral. Los ecologistas de Greeripeace interpretan la convocatoria como que se mantienen las licencias para la pesca de coral con barra italiana. En la actualidad, en el mar de Alborán, situado frente a las costas de Almería, operan las empresas coralinas Sociedad de Pesca Almería, con capital italiano; Francisco Gaytán Góngora y la Sociedad Pescalina, de la que son propietarios dos armadores de Adra (Almería), los hermanos Andrés y Nicolás Linares.

Francisco Mayor, pescador afiliado a CC OO que trabajó en el barco Los Diez Mandamientos, que desapareció misteriosamente cuando faenaba capturando coral, confirmó ayer a este periódico que ha solicitado una licencia para una cooperativa. en la que participa.

Los empresarios implicados, por su parte, niegan las acusaciones de los ecologistas. Así, Nicolás Linares reafirma que con la barra italiana modificada que él utiliza no se dañan los fondos marinos.

El grupo ecologista Mediterráneo coincide con Greenpeace en que la barra italiana debe ser prohibida en España, como ya lo estuvo desde 1965 a 1983. José Rivera, miembro del citado grupo, manifestó a este periódico que su grupo es partidario de la utilización de buzos, "pero nunca de la barra italiana en su versión tradicional o modificada, puesto que con ella se esquilman los fondos marinos".

Greenpeace explica al presidente del Gobierno que esta prohibición se respeta en Francia y Marruecos, y que varias comunidades autónomas, como Cataluña y Baleares, han prohibido su uso en las aguas de su competencia.