El Gobierno peruano admite que hubo "excesos" del Ejército en la represión de los motines

El Gobierno peruano admitió que el Ejército cometió "excesos" al sofocar el pasado jueves los motines de las cárceles de Lima, y ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la apertura de una investigación para conocer "el alcance y la gravedad" de lo ocurrido, concretamente, en la prisión de Lurigancho, donde murió la totalidad de presos de Sendero Luminoso, 124, según cifras oficiales. Un diputado de la coalición Izquierda Unida aseguró que 60 de los presos de Sendero Luminoso en esa prisión fueron ejecutados por los militares después de sofocado el motín.

Un comunicado de la presidencia emitido en la noche del sábado, afirma que los datos de los que se dispone actualmente sobre lo ocurrido en Lurigancho "hacen presumir que se cometieron excesos en el uso de la fuerza para cumplir las disposiciones del Gobierno", que eran "restablecer el orden" en los penales amotinados.Un diputado de la coalición Izquierda Unida asegura que 60 de los presos de Sendero Luminoso en esta prisión fueron ejecutados por los militares después de que el único rehén hubiera sido puesto en libertad, la cárcel tomada y el motín completamente sofocado.

Este diputado, que discrepa de la posición adoptada inicialmente por el jefe de su coalición, Alfonso Barrantes, en favor de que el Estado democrático utilice los medios a su disposición para combatir la violencia, afirma poseer informaciones que demuestran que se produjo una matanza de forma intencionada.

Varios dirigentes y diputados de Izquierda Unida, la principal fuerza de oposición de Perú, estuvieron el sábado en el hotel donde se celebra el 17º Congreso de la Internacional Socialista para transmitir a los delegados su versión de los hechos ocurridos en los penales de Lima, donde en total se calcula que hubo 300 muertos.

Cinco asistentes al congreso intentaron el sábado, junto con el diputado de Izquierda Unida Agustín Haya de la Torre, entrar en Lurigancho, pero no les fue autorizado el paso.

La mencionada comisión, que insistió en aclarar que actuaba exclusivamente a título individual, sólo pudo hablar con los miembros de la Guardia Civil que controlaban el acceso al lugar. Éstos se comunicaron por radio con los militares del interior del penal, quienes se negaron a conceder permiso para la entrada de la comisión.

Algunos diputados de Izquierda Unida han enviado un mensaje a la presidencia del congreso socialista diciéndole que interceda ante el presidente Alan García para que las prisiones asaltadas dejen de ser territorio militar, se reanuden las visitas de los familiares de presos y se entreguen los cadáveres con objeto de que puedan ser enterrados. Según han denunciado los mismos diputados, 12 de los presos muertos en Lurigancho fueron enterrados el viernes de forma secreta, sin ponerlo en conocimiento siquiera de los familiares de las víctimas.

Habrá una investigación