La comisión investigadora del asalto al Palacio de Justicia de Bogotá critica a Betancur por no dialogar con los guerrilleros

El presidente de Colombia, Belisario Betancur, debió haber hablado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes, quien solicitó reiteradas veces este diálogo, sin ser atendido. Ésta es la conclusión a la que llega la comisión investigadora del asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, realizado el 6 de noviembre de 1985 por el grupo guerrillero Movimiento Diecinueve de Abril (M-19). "El presidente debió aceptar el diálogo telefónico, insistente y angustiosamente intentado por el presidente de la Corte", se afirma en el informe de la comisión.

La aceptación del diálogo por Betancur "'no implicaba un principio de negociación y, por el contrario, habría servido para cursar notificaciones perentorias a los alzados en armas", prosigue el documento.El informe de la comisión investigadora fue reproducido parcialmente ayer por el diario El Espectador. El documento revela, además, que dos guerrilleras salieron con vida del palacio, pero fueron reconocidas y detenidas por el Ejército. Actualmente ambas mujeres están desaparecidas. Los militares aseguran, por su parte, que ningún asaltante salió con vida del edificio judicial.

La guerrillera Irma Franco fue sacada de la Casa del Florero, local situado frente al palacio al que eran llevadas las personas que salían del escenario de los combates, "en las primeras horas de la noche del 7 de noviembre" y fue introducida por el Ejército en un vehículo, sin que hasta hoy se tengan noticias de su paradero" manifiesta la investigación. Clara Elena Enciso, la otra guerrillera, aparece en la lista de rehenes liberados, pero los intentos de localizarla posteriormente "no han dado resultados", agregó la comisión.

En la toma del palacio "no tuvieron injerencias los narcotraficantes" asegura el informe, contradiciendo así declaraciones oficiales que aseguraban la existencia de nexos entre los guerrilleros y traficantes de drogas en la ocupación del palacio.

"El general Miguel Vega (ministro de Defensa) estuvo mal e insuficientemente informado" sobre la vigilancia al edificio, que fue retirada el día del asalto, afirma la comisión. "Inexplicablemente había sido retirada la fuerza pública", aunque existían rumores desde mediados de octubre sobre un posible ataque al palacio, agrega.

La comisión oficial, integrada por los jueces Jaime Serrano y Carlos Upegui, determinó que "por disposición del señor presidente de la República y bajo su responsabilidad, se trazaron los planes militares para recuperar el control del palacio".