El Gobierno gestiona que el presunto traficante Ochoa no sea entregado a Colombia

El Gobierno, a través de su delegado en Madrid, intenta evitar que el colombiano Jorge Luis Ochoa sea entregado a las autoridades de su país para ser juzgado por tráfico de droga a gran escala.

El Ejecutivo -que, por medio de los recursos planteados por el fiscal, ha desmostrado su interés por la entrega de Jorge Luis Ochoa a Estados Unidos, que también había pedido su extradición- ha requerido a la Audiencia Nacional que se inhiba en la ejecución de su propia decisión, es decir, que se abstenga de entregar al ganadero colombiano a Colombia, trámite que se había iniciado el pasado día 9.

Ésta es la segunda cuestión de competencia que plantea el Gobierno en un proceso penal en los últimos 50 años.

La vez anterior fue presentada el mes pasado, y afectaba a la extradición del compañero de Ochoa, Gilberto Rodríguez Orejuela, acusado también de tráfico de drogas a gran escala.

En la primera petición, la Audiencia Nacional rechazó inhibirse y acusó al Gobierno de forzar la ley en su favor y de pretender cambiar el sentido del fallo del tribunal cuando la resolución ya es firme (que no cabe recurso alguno), lo que, a su entender, supone un fraude de ley contrario a la Constitución.

La Audiencia Nacional decía textualmente, cuando rechazó la petición gubernamental, que el Gobierno, al plantear el conflicto, "lo único que pretende es, mediante una fraudulenta vía (...), alterar el contenido de la resolución", es decir, la entrega de Rodríguez Orejuela a Estados Unidos, en lugar de a Colombia.

Añadía que el conflicto de jurisdicción "nunca puede usarse como artilugio para revisar la propia resolución judicial".