Dificultades de Cajamadrid para abrir oficinas en Tarragona

La Caja de Ahorros de Madrid (Cajamadrid) podría encontrar ciertas dificultades para lograr los objetivos de expansión que le empujaron a comprar la Caja Rural de Reus al no haber contado con la autorización de la Generalitat para la apertura de las oficinas deseadas. Cajamadrid pago mas de 2.000 millones de pesetas (agujero existente en la Caja Rural de Reus) para poder hacerse con las 60 oficinas con que contaba la entidad tarraconense. Sin embargo, su objetivo principal se centraba, sobre todo, en conseguir la autorización de las autoridades para poder abrir varias sucursales en la zona turística con poblaciones de gran actividad en la época estival como Salou, Cambrils, Altafulla, Torredembarra y Sant Carles de la Rápita, entre otras.En sus negociaciones con el Banco de España, Cajamadrid logró autorización para abrir 10 oficinas en las poblaciones costeras a cambio de cerrar otras tantas de las 60 pertenecientes a la Caja Rural de Reus. Sin embargo, olvidó solicitar el correspondiente permiso a la Generalitat de Cataluña, que, sin perjuicio de las atribuciones superiores del Banco de España, también tiene competencias sobre esta, materia. De fuentes próximas a la Generalitat ha trascendido el interés de la Administración autonómica de expresar sus puntos de vista sobre esta cuestión. En este sentido, la Generalitat hubiera preferido una solución catalana para la crisis de la Caja de Reus e incluso mantuvo conversaciones con los principales directivos de La Caixa y de La Caixa de Barcelona para intentar que estas entidades absorbiesen a la caja rural. Esta circunstancia podría crear ciertas dificultades para que Cajamadrid consiguiese todos sus objetivos previstos y pactados a solas con el Banco de España.

Las competencias de la Generalitat en el régimen de apertura de oficinas están reguladas en el artículo 46 de la ley de Cajas de Ahorro de Cataluña, que no ha sido impugnado por el Gobierno central y, por lo tanto, no ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Un posterior decreto de la Generalitat, publicado el pasado 7 de mayo, desarrolla más ampliamente estas facultades. En concreto, establece que las cajas de ahorró con sede fuera de Cataluña comunicarán al Departamento de Economía y Hacienda la dirección, la población y el cierre de todas sus oficinas.

A finales del pasado mes de abril, Cajamadrid adquirió también la Caja Rural de Madrid, que contaba con una red de 105 oficinas, un volumen de recursos ajenos próximo a los 18.000 millones de pesetas y unos recursos propios de 1.100 millones. En este caso, el coste de la operación superó los 4.500 millones de pesetas, cantidad en que se cifran las deudas acumuladas de la entidad. No obstante, en esta ocasión, Cajamadrid, mas que Sufragar el coste de su expansión, pagó para evitar la presenc¡a de La Caixa en Madrid.