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CONFLICTO EN LA ENSEÑANZA PRIVADA

135.000 millones para financiación

El Ministerio de Educación y Ciencia estima que la entrada en vigor del régimen de conciertos a partir del próximo mes de octubre costará alrededor de 135.000 millones de pesetas. En esta cantidad no estaría incluido el importe del incremento que puedan experimentar en 1986 tanto los salarios ordinarios de los profesores como la partida de gastos de funcionamiento del centro en los futuros módulos de subvenciones.Tampoco comprendería dicha cifra el presupuesto para la enseñanza privada del País Vasco, que tiene un régimen presupuestario independiente del resto del Estado, ni el importe del incremento que se aplique específicamente a la analogía progresiva del régimen salarial del profesorado de los centros privados con el de los centros estatales.

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La exigencia de que se lleve a cabo esta analogía, prevista explícitamente en la propia LODE, es una de las reivindicaciones planteadas por la Coordinadora pro Libertad de Enseñanza en su convocatoria de cierre de los colegios durante la presente semana.

Analogía de derechos

Los sindicatos del sector (con exclusión de la FSIE, que forma parte de la citada coordinadora) han criticado duramente la utillzación de este pretexto. Argumentan que es una ironía que la patronal reclame la analogía desde la coordinadora después de negarse sistemáticamente a discutir, en las sucesivas revisiones del convenio colectivo del sector, aquellos aspectos de dicha analogía que más directamente dependen de la propia patronal, como son las cuestiones de jornada lectiva y de vacaciones.

Pero las reivindicaciones de la coordinadora no se limitan al problema de la analogía de derechos entre el profesorado privado y el público, como tampoco se limitan las acciones de presión al cierre de los centros. La coordinadora ha pedido a los titulares de los colegios que se nieguen a suscribir los conciertos con el Estado, cuya firma está previsto que se efectúe entre el 15 y el 20 de mayo próximo. La coordinadora exige, como plantemientos mínimos para que dichos conciertos se firmen, el reconocimiento del derecho a concierto de todos los centros y unidades escolares subvencionadas a la entrada en vigor de la LODE y el reconocimiento efectivo del derecho de los padres a elegir el colegio para sus hijos. La coordinadora hace depender dicho derecho de que la Administración no aplique el criterio de zonificación, es decir, que se dé la subvención preferentemente a aquellos centros que escolarizan a los alumnos que viven en las proximidades del colegio.

Del mismo modo, las organizaciones de la coordinadora protestan porque, a la hora de elaborar la relación de centros que tendrán concierto singular, se ha partido de un criterio demasiado general sobre una supuesta suficiencia económica de las familias que acuden a estos centros.

Los alumnos de los colegios con concierto singular (296 en el territorio dependiente de la Administración central) tendrán que abonar 2.000 pesetas. En los de concierto pleno (1.141) la enseñanza será absolutamente gratuita.

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