Protestas en Canarias por las desigualdades entre la sanidad militar y la pública

La Organización Canaria para la Defensa de la Salud (OCDS), entidad que reivindica una mejor asistencia sanitaria para el archipiélago canario, ha expresado su disconformidad por el número de camas sobrantes que, a su juicio, hay en el nuevo hospital militar de Canarias, en Las Palmas, en contraste con el déficit de asistencia que padece el hospital de la Seguridad Social. Por este mismo motivo, un millar de personas se manifestó en la capital grancanaria el pasado jueves.

La Organización Canaria para la Defensa de la Salud señaló, en un comunicado hecho público la pasada semana, que el nuevo hospital militar está "a todas luces sobredimensionado para las propias necesidades de las Fuerzas Armadas en las islas, ya que cuenta con 346 camas, que en su mayoría permanecen vacías". La OCDS presentó a finales de febrero una denuncia en el juzgado por considerar que las actuaciones de las autoridades sanitarias, tanto civiles como militares, podían ser constitutivas de un supuesto delito de denegación de auxilio. Ésta es la primera vez que se reivindica de esta forma un hospital militar en España para uso civil.La denuncia se basó en la situación de 600 pacientes beneficiarios de la Seguridad Social que se encuentran en listas de espera para ser intervenidos, quirúrgicamente en el hospital de Nuestra Señora del Pino, el más importante de la Seguridad Social de Las Palmas, mientras que el hospital militar cuenta con más de 300 camas, de las 346 que posee, que no están siendo utilizadas debido a la ínfima demanda que existe entre los militares y sus familiares.

El escrito de denuncia presentado en el juzgado por la OCDS argumenta que, en el supuesto de que el director del hospital militar se haya negado a colaborar con la asistencia sanitaria, "'que es un servicio público fundamental" sería "un delito de denegación de auxilio por parte de dicho funcionario". Por otra parte, si las autoridades sanitarias del Insalud no hubieran solicitado la colaboración del centro sanitario militar, la OCDS interpreta que se trataría de una negligencia "que está provocando una situación proclive a que se ejerza por la ciudadanía un acto de odio o venganza en las personas y autoridades negligentes, al estar pasivamente contemplando sufrimientos, e incluso muertes, pudiendo exigir la cooperación en el servicio público de sanidad al director de un centro hospitalaria que puede subvenir a las necesidades médico-quirúrgicas de 600 pacientes que esperan, en interminables listas, poder ser auxiliados en su enfermedad".

La mayoría de los médicos que han declarado en el juzgado por este caso ha reconocido el grave déficit de camas que tienen los hospitales civiles del Estado en la provincia de Las Palmas. La OCDS ha explicado que la isla de Gran Canaria ocupa el último lugar del Estado en cuanto a número de camas hospitalarias públicas con un déficit en relación con la media nacional de 773 camas. Esta situación contrasta, según la organización, con que en 1984 se inviertan en Canarias 5.440 millones de pesetas menos de lo que, en su opinión, debía haber correspondido al archipiélago por el número de habitantes acogidos a la Seguridad Social. Todo ello situa a Canarias por debajo de la media nacional en número de camas hospítalarias, según han reconocido en el Parlamento autónomo los dos máximos representantes del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) en las islas.