Incompatibibilidades médicas: la hora de la aplicación

Las primeras resoluciones de incompatibilidad de médicos que no habían realizado la preceptiva declaración han levantado una polvareda en los medios de comunicación. Es hora ya, en opinión del autor, de que se aborde en serio el problema en el terreno sanitario, y ello conlleva, necesariamente, agilizar y profundizar la reforma sanitaria.

Las resoluciones dictadas hasta ahora por la Inspección General de Servicios del Ministerio de la Presidencia no han abarcado más que a algunos de los no declarantes (unos 1.200 médicos en toda España sobre los 35.000 que debían declarar), y además a casos que estaban incursos en la anterior ley de Incompatibilidades, aprobada por la Unión de Centro Democrático (UCD). Los casos que han saltado a la Prensa son evidentemente escandalosos y demuestran tanto la necesidad misma de la propia ley como lo indefendible de la postura propugnada por la Organización Médica Colegial (OMC), que está amparando estas situaciones en una profesión con más de 30.000 parados, y, desgraciadamente, pueden dar una falsa visión ante la opinión pública del colectivo de los médicos eslañoles, lo que sería un error difícilmente reparable.No se debe olvidar que de los 120.000 médicos españoles, unos 30.000 están en paro o en empleos temporales de corta duración, hay unos 20.000 jubilados, 35.000 estaban obligados a declarar por ejercer dos puestos de trabajo en el sector público o tener actividad privada y un puesto público, y el resto ejercemos un único puesto de trabajo en el sector sanitario público, además de un reducido grupo que sólo se dedica a la práctica privada. Sólo un 30% de los médicos españoles debía declarar, y de ellos lo hicieron más del 95%, a pesar de las campañas de la OMC, dándose el caso, un tanto paradójico, de que algunos altos cargos de éIsta presentaron su declaración, a pesar de la postura oficial encabezada por Ramiro Rivera. Se trata, pues, de un grupo reducido de médicos que mantiene una postura de obstruccionismo ante la ley y que, merced a las virtudes de la colegiación obligatoria y a los estatuto! antidemocráticos de la OMC, se apropia de la representatividad de todos.

La calidad asistencial

Las actuaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo les facilitan el terreno. El titular del mismo, posiblemente enfrascado en la preparación de las oposiciones a la cátedra de Historia de la Economía, ha realizado continuas declaraciones a los' medios de difusión que demuestran su desconocimiento de una-ley que si se pasa de algo es de reglamentarlo casi absolutamente todo y que prevé casi todas las posibilidades, como, por ejemplo, el cese automático, siguiendo criterios establecidos en la misma (del puesto en que se perciba menor retribución, y en caso de igualdad, del de menor antigüedad), etcétera. No menos grave es la paralización que está sufriendo la reforma sanitaria, la exigua oferta de jerarquizaciones a los médicos de ambulatorio, la paralización de la creación de centros de salud y los problemas ecómicos y sanitarios que tienen los que ahora funcionan, la escasa oferta de prolongaciones de jornada a los médicos hospitalarios y la poca imaginación que se ha tenido a la hora de proponer medidas que potenciaran y fomentaran la calidad y el interés profesional de los médicos que trabajamos en el sector sanitario público, la mayoría de los cuales quiere dedicarse a un único puesto de trabajo, pero para ello precisa de compensaciones no sólo económicas -evidentemente también éstas-, sino sobre todo que la admínistración sanitaria demuestre interes en potenciar el buen funcionainiento y la calidad asistencial del sector público, dando facilidades a quienes demuestran día a día su empeño en ello. No parece que éste sea el clima reinante en una sanidad tan llena de deficiencias como la española, y cuyo ministro no se recata en declarar que "el principal problema del país es el elevado déficit público". Eso, en todo caso, lo deberá decir el de Hacienda.

Por fin está la cobertura de las plazas que queden vacantes por la aplicación de la ley. Hay algunas de ellas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista sanitario ni asistencial, pero son las menos, y además podrían convertirse en otras en terrenos en los que la deficiencia del sector público es notoria: psiquiatría, odontoestomatología, salud pública, epidemiología, etcétera. Es fundamental, si se quiere dar credibilidad a uno de los objetivos de la ley, la redistribución del empleo entre los profesionales, que se asegure la cobertura de todas las vacantes para paliar, al menos en parte, el paro profesional.

Condiciones retributivas

Cuatro meses después de finalizado el plazo de declaración todavía sólo se han producido unas pocas resoluciones, y todas ellas en los casos más flagrantes. Es preciso que la aplicación de la ley, y por tanto la resolución de los casos, se agilice al máximo si se quiere responder a las expectativas sociales y profesionales que ha levantado. Pero también lo es que cuando se pase a la segunda fase, la resollición de las declaraciones presentadas, que se haga paralelamente un esfuerzo en la profundización de la reforma sanitaria y en la normalización de las condiciones de trabajo y retributivas de los profesionales médicos, salvo que se quiera dar una excusa al reducido grupo que amparado en la colegiación obligatoria hoy contesta la ley, para que hagan una bandera de los casos más conflictivos de la misma en una maniobra de desestabilización social.