España, la CE y el medio ambiente

Los autores del artículo consideran que la incorporación de España a la Comunidad Europea (CE) repercute también en los temas medioambientales. Sin bien, aseguran, se reforzará con ello en algunos aspectos la legislación que protege la naturaleza, en otros casos la política de la CE puede sernos perjudicial.

La incorporación de España a la Comunidad Europea repercute en un amplio espectro de actividades que va más allá de los aspectos económicos y políticos. Es éste el caso de los temas ambientales, en torno a los cuales las aún escasas opiniones vertidas por organismos y asociaciones especializadas aparecen como abiertamente contradictorias.La política comunitaria de medio ambiente se ha desarrollado a partir de 1973, teniendo como objetivos la reducción de la contaminación, la conservación de los recursos naturales y la mejora de las condiciones de trabajo y de vida. En este sentido, se cuenta ya con más de 60 directrices europeas relativas a esta temática, que deben ser trasladadas por todos los Estados miembros a su legislación nacional. Ello afectará, pues, de modo inmediato a España en materias tan diversas como la lucha contra la contaminación del agua y de la atmósfera, la gestión de residuos, la previsión de riesgos vinculados a los productos químicos o la protección de la fauna y la flora. En efecto, la normativa comunitaria implicará un refuerzo de la muchas veces poco exigente legislación española en aspectos como la contaminación del aire por plomo, la eliminación de aceites usados y de otros desechos tóxicos y peligrosos, la comercialización de pesticidas o la de especies protegidas de fauna y flora. Ello es tanto más importante si tenemos en cuenta que ese refuerzo legislativo debe efectuarse sin demora, ya que el tratado de adhesión no pospone las obligaciones ambientales más que en el tema de la gasolina sin plomo. Este hecho, si bien expresa una saludable voluntad política de colocarse rápidamente al diapasón europeo -cuestión, sin duda, loable-, despierta ciertos recelos entre las asociaciones vinculadas al tema, dada la falta de medidas prácticas y la tradición de escaso respeto a las normas reinantes en el pasado.

Desde una aproximación bien distinta, como puede ser la del influjo ambiental de la Política Agrícola Común (PAC), la perspectiva general parece bastante menos halagüeña, salvo que se potencien reformas profundas en los actuales mecanismos de la PAC. En efecto, en el marco actual hay que temer consecuencias tales como:

1. La supresión progresiva de la ganadería extensiva del norte peninsular y la sustitución de bosques y pastizales por las plantaciones madereras de pinos y eucaliptos, tan queridas del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona).

2. La destrucción progresiva de los olivares, con los consecuentes efectos desastrosos sobre la avifauna y el aumento de la erosión.

3. La sustitución de cultivos tradicionales, como el viñedo, por otros de tipo intensivo y que demandan ingentes cantidades de agua para riego, como está ocurriendo ya en la zona manchega, con el resultado de la desecación de importantes zonas húmedas y de la amenaza de colapso económico y ambiental por presión excesiva sobre los escasos recursos hídricos.

La única esperanza en este campo, además de una racionalización de las peligrosas tendencias internas actuales, vendría de la puesta en causa de la PAC. En este sentido, a iniciativa del Consejo, la Comisión publicará próximamente un Libro Verde a partir de las reflexiones de diversos grupos de trabajo, uno de los cuales ha tratado precisamente sobre Agricultura y medio ambiente.

Paralelamente, el Parlamento Europeo tiene en curso de elaboración un informe sobre las mutuas influencias entre política agrícola y ambiental. Igualmente preocupante es el impacto sobre España de la política energética europea debido al acento pronuclear hoy dominante.

Los problemas ambientales españoles que han trascendido con mayor impacto en los últimos años resultan, en este sentido, preocupantes: temas como el famoso síndrome tóxico o el más reciente de la bahía de Algeciras; la contaminación costera de aguas de baño o las lamentables condiciones de trabajo en sectores como la siderurgia, el carbón o el amianto; la amenaza de desaparición de importantes espacios naturales o la negativa a proteger especies amenazadas en el ámbito europeo, como el lobo, no resultan precisamente tranquilizadores.

Del mismo modo, temas globales tan graves como la gestión del agua, la deforestación o la erosión de los suelos, frente a los que la política oficial no parece acometer medidas radicales, podrían trasladarse fácilmente a la escena europea, con la consiguiente carga negativa respecto a los avances ya conseguidos y el posible frenazo en las previsiones futuras.

En la vertiente positiva merecen referencia especial por su posible influencia a escala europea el reconocimiento del derecho al medio ambiente y la atribución a las autonomías de amplias competencias en esta materia.

Al dotarse de una nueva Constitución, España formuló el principiojurídico de que "todos tienen el derecho a disfrutar del medio ambiente" y que éste debe ser "apropiado al desarrollo de la persona", con lo que el marco constitucional favorece una posición notablemente más positiva que la contemplada en otros países de la CE.

Por otra parte, el mismo marco constitucional permite a las comunidades autónomas disponer en materia ambiental de un poder complementario del de los órganos centrales del Estado, así como un poder reglamentario de ejecución y un poder administrativo. Ello podría pesar positivamente a la hora del debate europeo sobre la regionalización y los vehículos de actuación adecuados en materia ambiental. En otros aspectos cabe citar actuaciones tan positivas como la oposición al vertido de residuos radiactivos al mar, en la que España viene desempeñando un papel clave aún no asumido por el conjunto de países de la CE.

En vista de estas reflexiones, ¿qué podríamos desear en materia ambiental con motivo de la incorporación a la Europa de los doce? En primer lugar, el respeto al derecho adoptado aparece como un factor de importancia incuestionable. Del mismo modo, sería un destacado paso adelante la integración de la dimensión ambiental en todas las políticas sectoriales y, en particular, en la agrícola. Por último, sería deseable que, ante la nueva dimensión y diversidad derivada de la integración española, existieran los medios financieros necesarios a la consecución de una Europa más habitable.