Las profesiones técnicas, sus competencias y los aires comunitarios

La incorporación de España a la Comunidad Europea ha de significar que los modos y hábitos de nuestros socios comunitarios, que en los aspectos de la vida ordinaria no difieren sustancialmente de los que en nuestra tierra rigen, hayan de empezar a reflejarse en diversos sectores de la legislación. Entre éstos se encuentra la normativa que regula el polémico campo de las atribuciones y competencias de las profesiones tituladas, que es menester adecuar a la realidad de la calle. Situaciones que carecen hoy de todo sentido y que son el producto de la esclerosis de un sistema basado en identificar la posesión de un título académico con la automática adjudicación de cotos de trabajo en exclusiva -sin tener en cuenta para nada el factor fundamental que representa la experiencia adquirida a lo largo de los años de ejercicio profesional- han de recibir el aire renovador de la normativa comunitaria.Esto es especialmente cierto en el ámbito de las profesiones técnicas tituladas, y ha dado lugar a situaciones históricas de injusticia, al mismo- tiempo que ha fomentado la titulitis -es decir, la sobrevaloración de los títulos por los derechos en exclusiva que a sus poseedores aportan- que padecemos y ha llevado a la parcelación de los campos de actuación profesional, buscando líneas fronterizas que en muchos casos son artificiales.

Estas situaciones, producto de unas rígidas estructuras docentes y profesionalistas en buena medida inspiradas en las prerrogativas de los cuerpos de la Administración pública, trasladadas al ámbito del ejercicio liberal por las instituciones colegiales, es evidente que hace ya años entraron en crisis ante la proliferación de nuevas técnicas y el carácter multidisciplinar que cada día más requieren las actividades profesionales.

La realidad ha venido, mal que bien, dando respuesta a estas situaciones, pese a las trabas impuestas por una obsoleta legislación y a los cuantiosos gastos realizados por las corporaciones profesionales en el planteamiento de pleitos y litigios para proteger o defender sus exclusivos derechos.

En ningún sector ha sido esto más evidente que en el permanente contencioso planteado entre titulados de escuelas universitarias técnicas y superiores a partir de la reforma de las enseñanzas técnicas de 1964. En el posterior desarrollo de esta reforma ha habido connotaciones de todo tipo, muchas de las cuales no eran ajenas a criterios de jerarquía y de elitismo a la hora de abordar las reales posibilidades de actuación de los distintos titulados. Se prescindía tanto de la capacitación académica como de la experiencia profesional obtenida, para,atender a delimitaciones puramente teóricas, establecidas en un repertorio de disposiciones restrictivas, todavía hoy vigentes, con grave perjuicio de la sociedad, al disminuir, por razones adjetivas, la oferta de profesionales aptos para afrontar los distintos cometidos a realizar.

Pronunciamientos del Supremo

Lo injusto de esta situación ha sido reflejado en repetidos pronunciamientos del Tribunal Supremo, de los que por fin se hicieron eco todos los grupos parlamentarios, abocando en una proposición de ley de Atribuciones de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, que seguia su curso en el Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa legislativa, instada en, su día por el Grupo Popular, acogida posteriormente por el Gobierno y materializada en una proposición de ley del Grupo Socialista, se inspiraba en el principio indiscutible dé que a todo titulado universitario le corresponde, en plenitud, la capacidad de proyectar y dirigir en el ámbito de su especialidad, como declaraba el Tribunal Supremo, sin entrar en disquisiciones sobre parcelas de exclusiva de ejercicio. Tan elemental principio ha provocado acerba oposición entre algunos colectivos profesionales volcados en la defensa de sus históricas prerrogativas. En estos días hemos asistido a una auténtica ceremonia de la confusión organizada por determinados colectivos, que han acudido a planteamientos de confrontación ignorando el real contenido del texto de la proposición de ley, que si se leyera de modo objetivo, y no parcial, en modo alguno equiparaba titulaciones -lo que nadie pretende- ni suponía merma de competencias. Por el contrario, se adecuaba al ordenamiento constitucional, era respetuosa con la legislación vigente y se armonizaba con las directrices comunitarias.

Estos criterios liberalizadores que inspiraban la proposición de ley parece que han sido frenados por las presiones de arquitectos e ingenieros, por lo que una vez más se ve en peligro de zozobrar la iniciativa legislativa que, en palabras del portavoz del Grupo Popular, habría de resolver un problema "que es ante todo una exigencia social: 200.000 ingenieros técnicos y sus familias llevan esperando más de 25 años una regulación definitiva de esta materia que aún no se ha conseguido".

Confío, sin embargo, en que prevalezca el buen sentido, y que ello permita al Gobierno, cualquiera que sea su color político, defender, en la homologación de títulos dentro de la CEE, que se respeten idénticos criterios a los que han sido sustentados por los demás países comunitarios, introduciendo cuando fuere menester el factor compensatorio de la experiencia profesional acreditada como criterio equiparador. Recordemos el caso de los titulados alemanes por las fachhochschulen, con formación académica sustancialmente inferior a la que poseen los titulados por las escuelas técnicas universitarias españolas, y que con el ejercicio profesional durante algunos años, son homologados con los arquitectos e ingenieros que tengan estudios de mayor duración.

Conflo en que las presiones de última hora no vengan a distorsionar el espíritu informador de esta reforma legislativa, cayéndose en formulaciones ambiguas e inconcretas que supongan en la práctica la consolidación de situaciones inactuales e injustas.