Esacalada de precios

AL PARECER, el Gobierno se propone subir los precios de una serie de bienes y servicios (fertilizantes, gas, tabaco, tarifas aéreas interiores, teléfono, azúcar, aceites, seguros agrarios, etcétera) en las próximas semanas. Los comienzos de año han supuesto casi siempre una carrera, más o menos controlada, de aumentos de precios, y este año no va a ser diferente, pero el caos inicial que ha supuesto la introducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y su coincidencia con un desplome de características históricas en las cotizaciones del petróleo en los mercados mundiales conceden al primer trimestre unas características peculiares.La voluntaria inhibición del Gobierno ante estos hechos (ya que las intervenciones ante los abusos en la aplicación del IVA han sido más testimoniales que reales hasta el momento, quizá como consecuencia de la presión puntual que otros temas ejercen sobre el Ejecutivo) se ha superpuesto con el control de los precios sujetos a autorización. Ambas actuaciones -por pasiva o por activa- deben ser objeto de un análisis sosegado para comprender cuáles son los objetivos y las intenciones de la actual política económica del Gobierno.

Que la introducción del IVA está suponiendo un desbarajuste lo demuestra la comprobación de la enorme preocupación que existe en medios oficiales sobre sus efectos inflacionistas, que se manifestarán con más o menos exactitud (el mundo estadístico parece a veces más producto del azar que de la ciencia) en el índice de precios al consumo (IPC) de los meses de enero, febrero y marzo de este año. El hecho de que el Gobierno no se haya decidido aún -quizá en franca contradicción con las normas comunitarias- a aplicar directamente el IVA sobre el tabaco (un producto de gran impacto en el IPC) es un ejemplo de la preocupación del Ministerio de Economía y Hacienda ante la posibilidad de un desbordamiento imprevisible de la inflación, de modo y manera que el principal activo de la política económica de toda la legislatura quedara deteriorado justamente en vísperas de las elecciones legislativas.

Pero el hecho de que los representantes de la Administración en la Junta Superior de Precios utilicen trucos de difícil calificación para sacar adelante los expedientes más conflictivos, como son los relacionados con los productos energéticos, revela algo más que una actitud preconcebida. Denota, de hacer caso a las acusaciones de las representaciones sindicales y de los consumidores en este organismo (cuyos informes son preceptivos, aunque no vinculantes), un claro desprecio hacia el equilibrio de poderes y defensa de los consumidores que los fundadores de este organismo tuvieron en mente cuando lo crearon.

Estamos, pues, ante una flagrante paradoja. El Gobierno, a través de algunos ministerios, anuncia reiteradamente su decidido propósito de reducir la inflación, pero, simultáneamente, una parte de la Administración ampara un proceso de subidas. En buena lógica, los precios del gas ciudad, de los fertilizantes, de la electricidad y de las tarifas aéreas interiores deberían bajar en vez de subir, pues en todos ellos el componente esencial es el petróleo -o sus derivados-, y éste ha bajado sustancialmente en los últimos meses. El precio medio del barril de crudo ha pasado de 27 dólares en 1985 a 20 dólares en la actualidad, y el dólar se cotiza hoy a 150 pesetas en vez de las 170 pesetas de promedio correspondientes a 1985. Los precios del petróleo en pesetas han suffido, pues, una caída del 30%. ¿No es este un margen suficiente para que los precios de aquellos productos cuyo componente esencial es esta fuente de energía permanezcan al menos estables? ¿Hasta cuánto deben bajar el petróleo y las materias primas, el dólar y los tipos de interés para que la Administración española se dé por enterada? Alguien tendrá que explicar estas cosas, aunque sólo sea para que el ciudadano conozca dónde se encuentran las insuficiencias de nuestro sistema productivo y pueda abrirse una discusión pública sobre la mejor manera de corregirlas.

La caída de los precios del petróleo está representando para España una excelente oportunidad que debe ser aprovechada en beneficio de todos, y más aún en un año en que la introducción del IVA amenaza con detener los progresos realizados en la lucha contra la inflación. A la reducción del precio de la gasolina deberían seguir otras decisiones semejantes que, aun menos espectaculares, sean beneficiosas para el conjunto de los ciudadanos. Poderlo hacer y no hacerlo es, además de una incongruencia económica, una discutible operación política.