La estructura industrial española exigirá un reajuste en la adhesión a la CEE, según la Comisión Europea

"Si a medio plazo las consecuencias fiscales y aduaneras de la integración de España a la CEE responderán a lo que esperan los que se han comprometido en el proceso de adhesión, el tejido industrial [español] sufrirá a corto plazo un choque brutal ligado a la desprotección. Ésta requiere, pues, en razón de sus consecuencias económicas y sociales, una gran vigilancia por parte de las autoridades españolas y comunitarias", señalan las conclusiones del estudio sobre las consecuencias de la ampliación de la Comunidad para la industria española, encargado por la Comisión Europea.

El estudio llega a tres conclusiones principales: 1. La "situación económica española es fundamentalmente frágil", y la economía española debe ajustarse a la vez a salir de la crisis y a la reestructuración de su industria. 2. "El ritmo de reestructuración del tejido industrial se verá acelerado por la adhesión.. Esta aceleración puede tener consecuencias negativas sobre el equilibrio económico y social". 3. "Es inverosímil el que el tratado de adhesión [de España a la CEE] se aplique sin que se pidan reajustes del calendario de puesta en práctica de las imposiciones reglamentarias".El informe avisa de que "hay que guardarse de dar una visión demasiado optimista de los efectos de la integración". A lo largo de este informe se recogen frases muy positivas sobre el proceso de reestructuración y reindustrialización iniciado por el Gobierno socialista en España. Y se considera "irrealista el pensar que las autoridades políticas de España adopten una actitud de negligencia benigna ante las consecuencias socioeconómicas que se describen y pongan así en peligro el acervo político del que se beneficia este país desde que se instauró la democracia".

Como otros informes anteriores, éste hace hincapié en que "las modificaciones de la competitividad del sector productivo español se deberán menos al cambio en los aranceles aduaneros -cuya incidencia va a ser progresiva- que a un cambio radical del sistema fiscal" con la implantación del IVA, que hará desaparecer la protección que suponían otros impuestos que actuaban también como subvenciones a la exportación.

Una consecuencia negativa del IVA es que el nuevo sistema será difícil de poner en práctica, y aún más cuando no ha tenido lugar el período de adaptación que debía haber precedido a su adopción definitiva el 1 de enero de 1986. Consecuencia positiva: la reducción del fraude y de la evasión fiscal, que no debería sobrepasar un 32%.

Mayor recaudación fiscal

El Estado debería así recaudar un superávit, respecto a la situación actual, de 700.000 millones de pesetas, "lo que corresponde aproximadamente a la aportación del Estado al régimen de la Seguridad Social y a aproximadarnente un 20% de los gastos totales que realizará en el curso del mismo año". En cuanto a la incidericia del IVA en el aumento de los precios, es despreciable o incluso negativa sobre los productos industriales, pero los servicios se verán penalizados. El informe señala una incidencia de un 2% en los precios como "aproximación razonable".

"En consecuencia, el cambio fiscal tendrá por objeto reducir de modo significativo, en la mayoria de los sectores, la posición corripetitiva de la industria española", aunque también será positivo para la industria la reducción de los precios de los inputs importados. La reducción de la protección efectiva será desigual según los sectores, pero implica una reducción del valor añadido de un 9,05% de promedio para la industria española.

"La capacidad competitiva será puesta a dura prueba incluso en las ramas donde las ventajas comparativas eran menos discutibles, y a pesar de la política de reconversión y de reindustrialización", señala el informe.

"El balance global de la reconversión parece positivo. No obstante, en particular para los sectores de base, pueden sobrevenir graves dificultades del hecho de la adhesión", señala el informe.