Un cuestionario par a la selección de cuerpos de seguridad vulnera supuestamente la Constitución

El cuestionario de personalidad utilizado en las pruebas de ingreso a la Guardia Urbana de Barcelona, a los Mossos d'Esquadra y a la Ertzantza, entre otros cuerpos de seguridad, podría ser anticonstitucional. Al menos 30 de las 566 cuestiones a las que hay que contestar en esta prueba, conocida con el nombre de Minnesota 1943, vulneran algún artículo de la Constitución española, en opinión de los expertos consultados por este diario.

Los artículos afectados serían el 14; el 16, apartados 1 y 2; el 18, apartados 1 y 2; el 23 y el 35, que en su conjunto protegen el derecho a la igualdad de los españoles ante la ley sin discriminación de religión, el derecho a la intimidad y a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.El cuestionario MMPI, más conocido como Minnesota 1943 por haber sido creado en la universidad de Minnesota (Estados Unidos) en el año 1943, es, en opinión de los psicológos consultados, uno de los mejores textos que existen para conocer el estado general del individuo y su equilibrio emocional. En España es editado y comercializado por Tea Ediciones, SA, y utilizado por gran parte de los cuerpos de seguridad como una prueba más en el proceso de selección de los aspirantes. Recientemente, este test se ha aplicado a los 1.000 aspirantes a ocupar las 75 plazas de guardias urbanos convocados en Barcelona y a los 800 candidatos a mossos (de los 10.000 candidatos iniciales) que habían superado las primeras pruebas eliminatorias.

566 cuestiones

La prueba consiste en 566 cuestiones, a las que se debe contestar si aplicadas al candidato resultan verdaderas o falsas, con opción a no responder, aunque, de proliferar, esta actitud influiría en el perfil de personalidad resultante, según admiten los psicólogos.El grupo de frases que deben contestarse susceptibles de vulnerar la Constitución está formado, entre otras, por las siguientes: "Me siento atraído por las personas de mi propio sexo"; "Voy a la iglesia todas las semanas"; "Creo en la segunda venida de Cristo; "Creo que hay un Dios"; "He tenido algunas experiencias religiosas muy singulares"; "Me disgustan las cosas sexuales"; "Soy un enviado especial de Dios"; "No soporto a la gente que cree que sólo hay una religión verdadera"; "Hay algo irregular en mis órganos sexuales"; "Muchas personas son culpables de mala conducta sexual".

Para Marc Carrillo, profesor de Derecho Político en la universidad de Barcelona, el cuestionario supone en su conjunto "una agresión a la personalidad del individuo y parece buscar el perfil de un policía-robot". La más significativa de estas agresiones es, a su juicio, Ia violación de la intimidad", protegida por el artículo 18 de la Constitución. "Este es un derecho fundamental de la persona que únicamente podría ser cuestionado en función de la existencia de valores sociales interesantes para el conjunto del cuerpo social".

Manuel Ballbé, profesor de Derecho Administrativo de la facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, coincide con el anterior al identificar el conjunto de artículos de la Constitución vulnerados. Aunque, en su opinión, no existe delito por plantear ese cuestionario, los aspirantes podrían negarse a contestarlo y podrían impugnarlo por la vía del contencioso administrativo. "En todo caso, no hay ninguna ley que diga que para acceder a la función pública uno deba someterse a esta prueba de personalidad", dijo.

Los psicológos consultados por este diario, entre ellos algunos responsables de procesos de selección en cuerpos de seguridad, difieren notablemente del análisis de los juristas.

Respecto a la presumible anticonstitucionalidad de algunas de las cuestiones que se plantean, Agustín Cordero, director de Tea, la empresa que tiene la exclusiva del test, manifestó que "es un viejo problema, ya planteado en el Congreso de los Estados Unidos".