El IVA, listo para su estreno

EL GOBIERNO ha cumplido su último plazo y ha aprobado el reglamento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) justamente dos meses antes de su efectiva puesta en vigor, contenida en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE). Han primado en este caso las razones de no violentar, por parte española, lo convenido con nuestros socios europeos antes que las de atender las peticiones de los empresarios, que intuyen que el plazo de conocimiento y adaptación de sus productos al nuevo gravamen es muy escaso y que, por consiguiente, entrarán en la CEE en una situación de indefensión o, al menos, de inferioridad.Parecen justas las reivindicaciones empresariales citadas. El IVA supone una revolución en la imposición indirecta española, ya que, entre otros aspectos, significa la obsolescencia de 24 tributos existentes hasta ahora. El mínimo plazo de dos meses para conocer, entender y aplicar el gravamen es normalmente escaso, y es de temer la confusión que se generará a partir de este mismo momento. Muestra de esta inquietud es su aprovechamiento por todo tipo de instituciones para multiplicar los cursos explicativos del IVA, cobrando elevados precios a los asistentes. La iniciativa privada, una vez más, se aprovecha de la inercia estatal y le saca legítimamente provecho, aunque sea a costa del dinero del contribuyente, que debe pagar para luego cumplir fielmente con Hacienda. Es un proceso al menos un poco grotesco.

Por otra parte, la confusión del IVA se añade a la aplicación del nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que tendrá sus principales efectos en la próxima declaración, a cumplimentar en la primera mitad del próximo año. No sería de extrañar que el desconcierto fiscal en el, que viven los españoles pueda incrementarse y llegue a desanimar a muchos contribuyentes para declarar en la medida de sus obligaciones. Sorprende que, pese a que España avanza en un Estado de Derecho semejante al de los países de nuestro entorno, no progrese al mismo ritmo la conciencia fiscal, que únicamente parece estimulada ante las permanentes medidas coactivas y de control informático e inspector con que cada día inquieta el Ministerio de Hacienda. Esta sorpresa es, sin embargo, bastante menor si se analiza en qué se gasta lo que el Estado ingresa.

En cualquier caso, el IVA está ahí. Este impuesto grava el valor añadido en cada fase de la producción (el fabricante de automóviles, por ejemplo, paga un valor de 100 unidades por los diversos materiales, incluido impuestos, que transforma en un automóvil, cuyo precio final antes del impuesto es de 200 unidades. Con la diferencia de 100 unidades paga los salarios, técnicas, organización, en definitiva, el coste del valor añadido del automóvil. El impuesto se aplica precisamente a ese valor añadido de 100 unidades, de modo que el precio final del automóvil, incluido el IVA, sería de 212 unidades (200 más el 12% sobre las 100 unidades del valor añadido).

De la significación del IVA dentro del sistema impositivo español habla por sí misma su capacidad contributiva: recaudará en 1985 más de 1,5 billones de pesetas, más que el propio impuesto sobre la renta. De modo que el nuevo gravamen se convierte, inmediatamente de su aplicación, en la estrella impositiva por excelencia. Además, sustituye a 24 gravámenes o tasas (entre ellos, algunos tan importantes como el tráfico de empresas, el de lujo, el de compensación de gravámenes interiores, el impuesto sobre el uso del teléfono, etcétera). Por dar algún detalle más, afectará a unos 2,4 millones de contribuyentes, lo que significa ampliar enormemente el ámbito de los sujetos pasivos de. la imposición indirecta, extendiéndola a 600.000 profesionales, así como a los minoristas, agricultores y pescadores. Desde el punto de vista de la presión fiscal, el consumidor final es el único que soportará el impuesto.

Sólo la experiencia de los próximos meses permitirá evaluar si la adopción de una medida imprescindible para modernizar nuestra fiscalidad ha sido tomada con las debidas precauciones o si su puesta en práctica degenera en un proceso caótico y, además, claramente inflacionista.