Tribuna:La salida de la dictadura chilena / 1Tribuna
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Deseos de cambio y de seguridad

En Chile florecen las encuestas y los sondeos de opinión. El plebiscito en favor de la democracia es rotundo. Un sondeo reciente indica que el 67,1%. considera "muy necesario" el restablecimiento de la democracia para resolver los problemas del país, y un 30%, "necesario". Únicamente el 0,7% responde "innecesario". Los porcentajes son ligeramente superiores en las clases altas y medias (100%, necesarioo muy necesario) que en las bajas (94%). Los resultados son parecidos cuando se pregunta si se es favorable al funcionamiento pleno de los partidos políticos: entre el 80% y el 90% de los entre vistados responde que deberían le galizarse completamente entre 1985 y 1986, a pesar de que valoran más el respeto de los derechos humanos, la libertad de prensa y el papel de las organizaciones, socia les y profesionales. Pero el 57% de la población se siente muy amena zado por el clima de violencia política (83% en clases bajas) y, lo que puede resultar más sorprendente, el 47% se muestra de acuerdo con que se implantara el estado de sitio (63,4% en las clases bajas y sólo el 18% en las clases altas).Otras encuestas ratifican estos resultados. Entre el 70%. y el 80% de la población quiere libertades y elecciones ya y que termine el régimen militar, pero un porcentaje parecido expresa su rechazo a la violencia y, su temor al desorden.¿Contra quién va este rechazó? En parte puede ir contra la oposición de extrema izquierda, que comete algunos atentados (contra las instalaciones eléctricas hasta antes, casi nunca contra personas) y que apoya la violencia popular para defenderse de la represión en las jornadas de protesta (las barricadas en las poblaciones periféricas). Es un rechazo al clima de desorden, que se general sobre todo, porque atraen la violencia represiva. Por lo menos así se percibe en los sectores populares. Ahora bien, la violencia política en Chile, es casi exclusivamente una violencia de Estado, y lo que es más grave, una violencia que cada día respeta menos su propia legalidad y multiplica los actos criminales cometidos por cuerpos armados institucionales.Veamos algunos ejemplos:

- En los últimos meses se han producido detenciones y secuestros seguidos de muerte (los tres, degollados, el estudiante de Concepción, el joven de la Villa Jaime Eyzaguirre, etcétera), que han dado lugar ya a 16 procesamientos de miembros de carabineros.

-Únicamente durante los meses de junio-julio unas 40 personas que colaboran con organismos, de la Iglesia han sido detenidas ilegalmente y objeto de torturas y malos tratos con el objetivo de amedrentarlos. Algo parecido, empieza a ocurrir con familiares de jueces y abogados o de sus colaboradores, así como con los periodistas.- En las poblaciones (barrios populares) grupos especiales de los cuerpos armados (o civiles abiertamente vinculados a ellos) crean clima de terror: coches que pasan disparando o con altoparlantes que, en la madrugada, anuncian que habrá un asalto armado en las próximas horas; se cuestros durante unas horas y malos tratos, especialmente a jóvenes (85 en el mes de julio únicamente en, el barrio de Puente Alto), etcétera.

La declaración del estado de sitio significó un agravamiento de la represión masiva (prohibición de revistas y actos públicos; el promedio mensual de detenciones políticas pasó de 573 a 4.901), pero no cambió sustancialmente el ascenso de la guerra sucia: muertes, torturas, secuestros (los promedios mensuales son similares).

Prueba de que la violencia criminal desde los aparatos del Estado, es relativamente indiferente al momento político y legal es que ha continuado una vez levantado el estado de sitio. Por ejemplo, en los ocho meses del estado de sitio se realizaron 44 secuestros, y en los dos meses siguientes (julio-agosto), 16.

Esta doble violencia represiva responde a dos proyectos políticos distintos, que coexisten, pero se enfrentan, en, el seno del régimen chileno. Por una parte, existe el proyecto de controlar la situación, cueste lo que cueste, para lo cual se reprime toda oposición, se declara periódicamente el estado de sitio o algo parecido, se hacen detenciones masivas, se endurece la censura con la Prensa, etcétera. Esta represión va especialmente dirigida a la izquierda, a los comunistas en particular, pero afecta a todo el mundo. Se cometen excesos (torturas, algunas muertes), pero en general se procura actuar. dentro de los límites de la legalidad de la dictadura (como dice Gordon, el jefe del CNI, torturan, pero correctamente). Hay otro proyecto político, el de los que temen la apertura, que puede proseguir con una transición democrática, y, ¡quién sabe!, con una exigencia de responsabilidades como en Argentina. Estos sectores, representados sobre todo por los grupos especiales de carabineros y de las fuerzas armadas, encargados de la represión política y social, multiplican los actos de guerra sucia, de terrorismo, para radicalizar la situación, para provocar reacciones violentas en la oposición y para impedir un proceso gradual y negociado hacia la democracia. Entre ambos proyectos está probablemente el general Pinochet, que temía la apertura, pero que tampoco está decidido (aunque amenace con ello) a dar un nuevo golpe para instalar una dictadura más férrea. En esta duda ve enemigos por todas partes y, a pesar de conservar aún el control vertical sobre las fuerzas armadas, aparece cada día más aislado.

"El régimen tuvo un importante apoyo social, incluso popular, hasta principios de los ochenta. Hoy ya no... Tuvo un proyecto económico que inicialmente tuvo éxito, y ahora no funciona... Y es que nunca ha tenido capacidad para implementar un proyecto político... La Constitución de 1980 es, de hecho, una Constitución para 1980; mientras tanto, se mantiene una dictadura personal y militar..., no se crean puntos con la sociedad civil, no se inicia una transición hacia la democracia, que es indispensable". Así se expresan las personalidades de la derecha económica y política, que durante una década apoyaron a fondo al régimen pinochetista.

El proceso económico, además de los excesos regresivos, es un factor clave del descrédito del régimen. El empobrecimiento de las clases medias es espectacular. Sus ingresos, en los últimos tres años, se han reducido por lo menos en un 25%.

Pero la situación puede ser desesperada en los sectores bajos o populares: un 30% de la población vive en situación de extrema pobreza, pasa hambre, no tiene trabajo... El 70% de los jóvenes no encuentra empleo, y las ollas comunes y los comités de deudores son las organizaciones populares en auge. La clase obrera se reduce y el número de desocupados (600.000) es el doble del de trabajadores sindicados (en 1970 éstos eran 900.000, y los parados 90.000). Ahora son los pobladores los protagonistas de unas protestas que inevitablemente se plantean, en un terreno favorable inicialmente a la dictadura, la lucha en la calle, y que expresan un alto grado de desesperación social.

Desconfianza económica

En las clases altas la desconfianza económica en el Gobierno es muy fuerte (la revista empresarial Economía y Sociedad manifiesta en su último editorial esta desconfianza al comentar el nuevo cambio en el Ministerio de Economía, ¡13 ministros en 12 años!, y nadie se cree la perspectiva oficial de un crecimiento del 4%. No se espera mucho más del 0%, a pesar de que no se frena, la inflación, que se acerca ya al 30%. Aunque la burguesía chilena es rehén del Estado, no tanto por razones políticas como económicas: depende en todo y por todo de él. Paradójicamente, este Gobierno superliberal en lo económico, que liquidó el área de propiedad social (sector público), que había creado la Unidad Popular, ha acabado interviniendo la economía a un nivel similar: el área de propiedad social de la UP representaba el 9,3% del valor agregado (1971), y el sector intervenido (1982), el 8,6% (menor presencia pública en la industria y el transporte, pero mucha más en los servicios financieros, que a su vez controlan muchas empresas industriales y comerciales).

Pero, políticamente, más grave para el Gobierno Pinochet es la crisis en el seno de las fuerzas armadas y Carabineros. Especialmente en estos últimos, que son la fuerza más extendida en el territorio y que está en primera línea de la represión. El cese del general Mendoza y el pase a retiro de seis generales (sobre 17) y de 17 coroneles (sobre 64), la disolución del órgano especial de represión (Dicomcar), el eco positivo que ha encontrado el Acuerdo Nacional entre algunos importantes mandos militares (así se lo manifestaron al cardenal Fresno) y la lucha abierta entre distintos cuerpos y organismos para salvarse de la quema o para provocar una escalada de la violencia, son indicadores de un probable resquebrajamiento de la espina dorsal de la dictadura.

La visita del Papa

Pinochet y el cardenal Fresno no se dan la mano, aquél no va a esperarle cuando el recién nombrado cardenal regresa de Roma, Fresno se niega a entregarle el documento del Acuerdo Nacional personalmente, Pinochet reclama inútilmente el privilegio de designar a los obispos, mientras que varios de éstos (no desautorizados por nadie) exigen abiertamente que el general se vaya. El divorcio entre el Gobierno y la Iglesia (que tiene una enorme influencia social) ha llegado a su máximo nivel. El Papa, mientras tanto, quiere visitar. Chile. Si así ocurre será casi imposible evitar que su recibimiento se convierta en el mayor acto de masas que jamás se haya producido contra el Gobierno militar chileno.

"Nuestro deseo, será ver la democracia restablecida en Chile... No hay duda que las relaciones entre Estados Unidos y Chile mejorarán cuando Chile alcance la democracia... Apoyamos el proceso de democratización en Chile y quisiéramos que la transición comenzara lo más pronto posible...", declaraba recientemente Elliot Abrams, recién nombrado secretario de Estado adjunto para América Latina, es decir, el jefe de la política latinoamericana de Estados Unidos. Antes, un experto de alto nivel, Mark A. Ulhlig, publicaba en The New York Review un extenso y durísimo artículo (Pinochet's tiranny), en el que defendía la urgencia de apoyar una transición a la democracia e n Chile, puesto que el mantenimiento de la dictadura únicamente engendraría desgobierno, violencia y antiamericanismo. El mismo día que Pinochet repudiaba el Acuerdo Nacional promovido por el cardenal Fresno ("traicionaríamos, al pueblo si retrocediéramos a una democracia formal... La democracia ortodoxa no es la solución..."), el Departamento de Estado le daba un caluroso apoyo.

El problema con las dictaduras personales y militares es que no basta la pérdida de base social y el aislamiento internacional. Hace falta una gran presión interna capaz de construir un proyecto alternativo y de forzar la transición. Hasta la firma del Acuerdo Nacional esto no parecía posible. Ahora empieza a serlo.

Jordi Borja es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y profesor de la universidad de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 25 de octubre de 1985.

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