El Gobierno quiere que las autonomías creen impuestos para resolver su déficit financiero

El Gobierno considera necesario llegar a un acuerdo sobre el sistema de financiación de las autonomías, que supere definitivamente las actuales deficiencias y evite el continuado enfrentamiento institucional. Las bases para la creación de un nuevo sistema pasan por la corresponsabilidad en cuestión fiscal de autonomías y ayuntamientos. En sustancia, los actuales desequilibrios sólo pueden ser superados por el desarrollo a medio plazo de impuestos autonómicos, según manifestó ayer una fuente del Ministerio de Administración Territorial.Estos planteamientos, barajados por el equipo de este departamento, han adquirido peso en el Gabinete y son asumidos actualmente por los titulares de otros ministerios.

El Gobierno está dispuesto a conceder el próximo año más dinero a las comunidades autónomas si se llega a un pacto definitivo en este sentido. Las compensaciones, calificadas en fuentes oficiales como "el estímulo necesario para poder alcanzar un acuerdo", se harían con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1986.

Sin embargo, la adjudicación de fondos se proveería en el momento de su liquidación, a finales del próximo año, para no ver alteradas las macromagnitudes previstas en el próximo año en el proyecto de ley enviado a las Cortes para su discusión.

En la entrevista mantenida hace unos días en Madrid con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujo¡, el presidente del Gobierno, Felipe González, planteó que la negociación de la financiación autonómica debe estar al margen de la discusión de los Presupuestos. Los planteamientos deben ser debatidos en los parlamentos regionales y el marco adecuado de negociación del pacto debe ser el consejo de política fiscal y financiera contemplado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidaddes Autónomas.

Contrapartidas

La línea de negociación prevista contempla una serie de contrapartidas. En concreto, las Administraciones autonómicas deben gestionar los tributos cedidos y tienen que definirse por el nivel concreto de tranferencias que asumen, exigencias imprescindibles para una racionalización del sistema financiero.Hasta ahora la mayoría de las autonomías tienen transferidas todas las competencias contempladas en los respectivos estatutos, si bien en otras comunidades existe una cierta resistenca a asumir determinadas áreas de gestión en las condiciones actuales.

La posibilidad de hacer extensivo el régimen de cupos a todas las autonomías ha sido totalmente descartada por el Gobierno. En primer lugar, tal planteamiento, según fuentes oficiales, estaría al margen de la Constirución, que lo limita expresamente a los territorios forales, aparte del régimen especial de Canarias.

Fuentes del ministerio de Economía y Hcienda consideran que, aunque no han sido hechos los cálculos, tal solución "empobrecería" fuertemente la Administración central.