Ensayo general con todo, y sin OTAN
UNO DE los más desafortunados inventos de la mayoría socialista elegida en 1982 ha sido su empeño en celebrar a comienzos del otoño, como solemne acto de apertura del curso político, un debate parlamentario de política general supuestamente referido al estado de la nación. La experiencia de años anteriores mostró los errores de diseño de esa sesión plenaria del Congreso, que trata de remedar los debates de investidura o las mociones de censura, pero que sólo consigue abrumar a la opinión pública con la acumulación de una serie de discusiones superficiales referidas a un abigarrado conjunto de cuestiones. Un adecuado calendario de sesiones monográficas sobre políticas sectoriales, en las que el presidente González y los portavoces de los grupos se dedicaran a discutir con detenimiento los grandes problemas de nuestra vida pública, haría innecesario ese simulacro de debate de política general. La comunicación del Gobierno a las Cortes sobre el tema, en su vacuidad, es la mejor demostración de lo que decimos.La oposición, por su parte, no puede sino acoger con Complacencia la oportunidad electoralista -máxime en vísperas de los comicios gallegos- de comparecer ante la Cámara, y sobre todo ante los focos de la televisión, para criticar la actuación del Gobierno y proponer políticas alternativas. Que el propio Ejecutivo es parcialmente consciente del carácter viciado de ese enfoque queda demostrado por su decisión de eliminar del debate las cuestiones referidas a la política de paz y de seguridad. El argumento utilizado por el Ejecutivo es que esas cruciales materias -entre las que se incluyen la fecha y la pregunta del referéndum sobre la OTAN- serán objeto de un debate específico antes de que concluya el año. O sea, que será en esa ocasión, y en la discusión de los Presupuestos, cuando verdaderamente se pongan a prueba los aspectos más interesantes de la política gubernamental. Porque aunque la comunicación del Gobierno incluye en el programa del debate cuestiones referentes al producto interior bruto (PIB), el déficit público, la inflación, el comercio exterior, las inversiones extranjeras, la reindustrialización, el desempleo y el ingreso en la Comunidad Económica Europea, parece claro que ninguna discusión seria puede tenerse respecto a todo ello sin tomar como punto de referencia el presupuesto elaborado y presentado a Cortes.
El Pleno de la próxima semana también se ocupará de otros temas de política exterior (desde Gibraltar a las relaciones de vecindad con Francia, Portugal y Argelia, pasando por la integración europea), relacionados de manera inevitable con nuestra estrategia de alianzas militares. La explícita mención, en el apartado que dedica a la seguridad interior, al proyecto de ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tramitada por procedimiento de urgencia y objeto de un probable debate en el Congreso antes de concluir el año, es una prueba más de la incoherencia de la justificación esgrimida por el Gobierno para segregar del Pleno sobre el estado de la nación la política de paz y seguridad.
El presidente desea, en cambio, someter a nueva discusión la ley de Régimen Electoral, aprobada por abrumadora mayoría de ambas Cámaras antes del verano, y abrir un debate sobre temas tan generales como el desarrollo constitucional y el funcionamiento de las instituciones. Tampoco parece que las glosas sobre la ley de Bases de Régimen Local, ya promulgada, y los comentarios -abundamente repetidos en meses anteriores- sobre el proceso de transferencias de competencias a las comunidades autónomas merezcan figurar en un Pleno de política general que pretenda descubrir originales horizontes. Igual sucede con las menciones a la ley orgánica del Poder Judicial, publicada en el Boletín Oficial del Estado a comienzos de julio; a las normas que han desarrollado los derechos fundamentales y las libertades públicas, algunas de ellas fechadas en 1983 y 1984, y a los esfuerzos para combatir la delincuencia y el terrorismo. El plan de lucha contra la droga requiriría, por su parte, un Pleno monográfico con amplia publicidad si se quiere dar a esta cuestión la atención que merece y conectar con las preocupaciones reales que vive la calle.
El desarrollo del Pleno permitirá, en cualquier caso, comprobar si Felipe González ha recuperado su antiguo talento para comunicar proyectos y su capacidad de antaño para ilusionar a la sociedad española, un tanto perpleja ante recientes declaraciones o manifestaciones públicas suyas. También para los líderes de la oposición la sesión parlamentaria, simple pretexto para la cita con los ciudadanos a través de la televisión, tiene una importancia formal bastante mayor que el interés de fondo de las cuestiones sometidas a discusión.
Casi en vísperas de las elecciones gallegas, Manuel Fraga necesita reforzar esa imagen de hombre de Estado y de alternativa de poder que los socialistas, desde la moción de censura contra Suárez en la primavera de 1980 hasta hoy, le han regalado. O sea, que aunque reine la incertidumbre sobre la fecha exacta de la disolución de las actuales Cortes, el debate sobre el estado de la nación estará impregnado hasta el tuétano por el clima electoralista derivado de la multiplicación de las convocatorias ante las urnas -Galicia, referéndum sobre la OTAN, Andalucía, Parlamento Europeo, legislativas- del curso 1985-1986. El Pleno de la próxima semana será un ensayo general con todo de los temas, actitudes, tonos y consignas de esa larguísima campaña electoral que se nos viene encima.
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