Un consenso para la ley de ciencia

La discusión en las Cortes Generales del proyecto de ley para el Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica -ley de la ciencia para los amigos- sitúa al sistema de ciencia y tecnología español en los albores de una institucionalización largo tiempo deseada.Efectivamente, la consideración unánime -al menos verbalmente- de la ciencia y la tecnología como factores primordiales en la organización de un Estado moderno, las relaciones -no siempre tan directas como sería de desear- del progreso en el conocimiento científico con el desarrollo económico y bienestar social, la necesidad doblemente acuciante de desarrollar nuestro sistema de ciencia y técnica hasta un nivel competitivo con el de la mayoría de nuestro socios europeos, todos ellos son argumentos que justifican y hacen necesaria una ley de ciencia.

Pero no cualquier ley de ciencia, sino una que se proyecte hacia el futuro deseado, partiendo de las insuficiencias y disfunciones del presente, condicionadas a su vez por los vicios de funcionamiento acumulados en el pasado. En este sentido, el proyecto de ley de ciencia socialista contiene lagunas y ambigüedades que deberían ser subsanadas en su paso por las Cortes Generales. Algunas de las insuficiencias básicas de este proyecto de ley han sido señaladas por Alejandro Nieto en un sabroso e incisivo artículo aparecido en el último número de Arbor, dedicado precisamente a la política científica. Avalado por su doble cualificación como catedrático de Derecho Administrativo y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el profesor Nieto destaca el carácter inhibicionista del texto de la ley ante los problemas verdaderamente importantes de nuestro sistema de ciencia y tecnología.

Es un secreto a voces que los diferentes departamentos ministeriales defienden con uñas y dientes sus competencias históricamente establecidas, en materia de ciencia o de lo que sea. Este problema central para la pretendida concertación interministerial no ha sido resuelto en la elaboración del proyecto de ley de ciencia, del que, leyendo entre líneas, se desprende que son varios los departamentos que no han querido sujetarse a la planificación y organización estatal de la ciencia, la cual, como señala Alejandro Nieto, termina siendo vacilante y no única y ni siquiera uniforme para toda Ia Administración del Estado.

Una ley ambigua y alicorta

La ley sólo afecta a cuatro organismos públicos de investigación (OPIS) vinculados a otros tantos ministerios, y aun éstos seguirán manteniendo sus históricas diferencias en cuanto a organización y estatuto de personal. De esta forma, la ley consagra por omisión la anacrónica y florida diversidad de cuerpos de funcionarios y carreras de investigadores o actividades conexas con la investigación en la Administración del Estado. Una situación incomprensible desde la perspectiva de la disposición adicional tercera, en la que se anuncian medidas para facilitar la movilidad del personal investigador entre diferentes OPIS, y contraria a los deseos repetidamente expresados por este colectivo en el sentido de lograr un estatuto único de personal investigador.Más grave es la falta de unidad en la programación y financiación de la investigación dependiente de la Administración pública. Así, el plan nacional de investigación agraria, elaborado y gestionado por el Ministerio de Agricultura, se incorpora al plan nacional de investigación científica y técnica, según la disposición adicional sexta. Una disposición transitoria garantiza la existencia del Fondo de Investigaciones Sanitarias como fondo regulador para programas sectoriales elaborados y gestionados por el Ministerio de Sanidad y abre la posibilidad de que dicho fondo financie programas nacionales o de otros ministerios en función de su interés para la política sanitaria. Finalmente, la disposición adicional séptima deja en manos del ministro de Defensa la adaptación o integración de determinados proyectos de investigación sectorial en los planes nacionales. Así, mediante el juego de disposiciones adicionales o transitorias, campos importantes de la investigación como la salud, agricultura y defensa se sitúan al margen de la planificación general.

En general, da la impresión de que el proyecto surge de un pacto de buena voluntad entre el Ministerio de Educación y Ciencia, del que depende la mayor parte de la investigación científica, y el Ministerio de Industria y Energía, en el que se centralizan los esfuerzos de innovación tecnológica aplicada a los procesos industriales por medio del CDTI. Pero si se quiere una ley para todos, habrá que hacer un considerable esfuerzo de ejercicio parlamentario encaminado a un amplio pacto político.

El terreno para ello parece abonado por la rara unanimidad que evidencian los grupos políticos al analizar los problemas históricos de la ciencia española y los medios más adecuados para subsanarlos desde la perspectiva de las instituciones del Estado. El proyecto alternativo elaborado por Coalición Popular se sitúa en la misma perspectiva de la necesidad de fomentar y coordinar la ciencia y la tecnología sobre la base de la planificación estatal plurianual y la concertación interministerial centrada en una comisión nacional.

Un consenso posible

Sobre esta base de coincidencia, el proyecto de la oposición conservadora contiene elementos valiosos, cuya incorporación al proyecto del Gobierno permitiría una ley de ciencia regional y operativa. En primer lugar, está la consideración explícita de la investigación científica y el desarrollo tecnológico como una prioridad nacional que forma parte de la política de Estado. Declaración que conduce explícitamente a reclamar la presencia del presidente del Gobierno en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el protagonismo de las Cortes Generales en la programación, financiación y control de las directrices de política científica y tecnológica.En segundo lugar, el proyecto alternativo establece el carácter básico de la ley de ciencia, de forma que su ámbito de aplicación se extiende a todas las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico de toda clase de poderes públicos, instituciones, empresas o personas que disfruten de ayudas o medios dispensados por el Estado. Con excepción, por su puesto, de las competencias de las comunidades autónomas, cuya participación en la política científica estatal debería ser pactada en cada caso. Con este artículo se eliminarían las ambigüedades comentadas antes del proyecto socialista, cuyo ámbito de aplicación parecía reducirse a unos pocos OPIS de unos cuantos ministerios.

En tercer lugar, el proyecto del Grupo Parlamentario Popular subsana una omisión fundamental del proyecto gubernativo, al fijarse objetivos concretos de financiación de la ciencia de cara a situarla en torno a la media europea y de crecimiento programado del personal investigador y conexo con las actividades de investigación, todo ello durante el primer decenio de vigencia de la ley. Otra importante omisión subsanada en el proyecto alternativo es la atribución de una partida presupuestaria única en la que los gastos del Estado figuren globalizados en los presupuestos generales bajo la función presupuestaria de ciencia y tecnología.

Finalmente, aunque no menos importante, es la creación de un fondo nacional para gestionar la política científica y tecnológica, dotado de personalidad jurídica propia y autonomía respecto a la Administración del Estado, así como la supresión de todos los fondos reguladores cuyas funciones, personal y servicios serían asumidos por dicho fondo.

Es evidente que las diferencias sustantivas entre el proyecto del Gobierno y oposición no obedecen a discrepancias de fondo ideológico, sino a cuestiones de oportunidad política. Unos, dominados por la desconfianza de Hacienda hacia cualquier medida legislativa que suponga aumento del gasto público y atenazados por la ya comentada reluctancia de los ministros a ceder parcelas de poder. Los otros, ajenos por el momento a estas ataduras, expresan libremente los requerimientos para un sistema de ciencia y tecnología racional. Sería deseable para el bien de la ciencia y de sus servidores que las Cortes Generales propiciaran un compromiso político para una ley de ciencia realista y viable a la par que ambiciosa, racionalizadora y duradera.