Agresión en el mar

LA AGRESIÓN sufrida este fin de semana por el pesquero español Junquito y el patrullero de la Marina de guerra Tagomago constituye, probablemente, el incidente más grave de los que se han producido en la costa del Sáhara desde que España dejó la administración de aquel territorio. Por primera vez se ha registrado un ataque contra un buque de la Armada y un cabo de su dotación ha resultado muerto.Los incidentes con los pesqueros españoles son frecuentes en aquellas aguas. Para el Frente Polisario se trata de una zona de guerra, y son frecuentes los ataques a las embarcaciones que faenan en ese sector. Algunas veces las agresiones y secuestros han sido reivindicados por el Frente Polisario, mientras que en otras ocasiones no ha habido forma de aclarar definitivamente la paternidad de estos actos de piratería. En este sentido, merece destacar el abordaje del pesquero Cruz del Mar, en noviembre de 1978, y en el que los asaltantes dieron muerte a siete de los 10 tripulantes. Las sospechas de la acción recayeron sobre el Polisario, pero nunca pudo delimitarse con exactitud su auténtica paternidad.

El Gobierno, en esta ocasión, ha tenido, de momento, una prudente reacción y ha dirigido sus esfuerzos a concretar las circunstancias que rodearon los hechos y a aclarar la responsabilidad de los mismos. Nadie ignora el complicado tablero de intereses en que se mueve España en esa zona, pero no sería de recibo para la opinión pública que una agresión como la del fin de semana se diluya en un bosque de oscuridades que al final impida conocer la identidad de los verdaderos autores del ataque a los barcos españoles. Nuestro país mantiene buenas relaciones formalmente con Marruecos y Argelia. Frente a las costas del primer país se han producido los hechos, y el segundo de ellos tiene los suficientes mecanismos para poder conocer si existió o no participación del Polisario.

Pero hay más. En estos momentos existen suficientes motivos de preocupación sobre la suerte de los siete tripulantes del Junquito. Su inmediata puesta en libertad representa también una exigencia mínima que el Gobierno español debe hacer valer con toda celeridad ante los dos países vecinos. Ésta, precisamente, es la cuestión prioritaria en estos momentos. Y el Gobierno debe hacer entender a todas la partes implicadas en el suceso que su actitud de prudencia no debe confundirse con debilidad. Ésta, repetimos, es probablemente la más grave agresión sufrida desde hace 10 años, y sus consecuencias son hoy difícilmente previsibles. Sólo el esclarecimiento de los hechos constituye la única salida, y la colaboración de Argelia y Marruecos es inexcusable en este punto.