El Gobierno español teme que su aportación a la CEE en 1986 sea superior a lo que reciba

ANDRÉS ORTEGA, Los problemas no han esperado al ingreso de España en la CEE: el asunto del cheque español está ya sobre la mesa. España teme ahora que el anteproyecto de presupuesto de la Comunidad para 1986, tal como está planteado, "dé lugar a una situación de desequilibrio financiero grave e importante en contra de España", según reza un memorándum presentado dos semanas atrás por la parte española. En otras palabras, España teme pagar a la CEE en 1986 mucho más de lo que reciba de ella.

Para fijar este anteproyecto se reúne hoy en Luxemburgo el Consejo de Ministros de Presupuestos de la Comunidad Económica Europea (CEE), con asistencia por parte española del secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.En las negociaciones de adhesión, España (y Portugal) acordó con la CEE que pagaría todo lo que le corresponda de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y, al no aplicarse aún íntegramente todas las políticas comunitarias, recibiría una devolución de un 87% de esta contribución en 1986 (porcentaje que decrece a lo largo de siete años). Estas cifras figuran en el Acta de Adhesión y no se pueden tocar.

Sin embargo, las estimaciones que hizo el Gobierno español para este equilibrio se basaban en un coeficiente de IVA bajo. El anteproyecto de presupuesto que discute la CEE para 1986 supone que se agotan prácticamente los nuevos recursos propios (1,4 puntos de la base imponible del IVA) de la CEE, con dos factores con que España no había contado: la contabilización de la devolución dé parte de su contribución al Reino Unido -y cuyo coste habrán de repartirse los otros once- y lo que se viene a llamar el peso del pasado, es decir, los compromisos de gastos de la CEE en diversos proyectos antiguos (en los que no entran ni España ni Portugal) que ahora, hay que pagar.

Ayudas regionales

Como medida para tratar de evitar su déficit frente a las arcas de la CEE, España, en su memorándum (no cifrado en cuanto al déficit aludido), ha sugerido que se aumenten las partidas de los fondos estructurales de la Comunidad: fondo regional, fondo social, fondo agrícola de orientación y fondos para otros varios temas más, como la política de transportes, de pesca y de energía, ciencia e información.

Así, en el fondo regional están previstos 1.028 millones de ECU, la unidad de cuenta europea, (131.500 millones de pesetas) para los países adherentes. Pero, en realidad, de esta cantidad comprometida la Comunidad Económica Europea sólo pagaría en 1986 una cuarta parte, que España quiere ver aumentar. Son, sin embargo, las partidas de estos fondos las que más pesos del pasado arrastran, y difícilmente podrá Madrid convencer a los diez.

El debate presupuestario esconde también el problema del funcionariado español en las instituciones de la CEE. A España y Portugal les corresponderían, por nivel de población, un 14,9% de los funcionarios. No obstante, del anteproyecto se deduce que los adherentes no contarán con más de un 5,7% de los funcionarios generales y un 10,1 % de los traductores e intérpretes.

El anteproyecto de presupuesto para 1986 totaliza 35.050 millones de ECU (unos 450.000 millones de pesetas, de los cuales un 59% es para los fondos de garantía de precios agrícolas), lo que representa un 23,7% más que en 1985.

La Comisión Europea había propuesto 400 millones de ECU de reserva, de los cuales, 250 millones (32.000 millones de pesetas), para gastos imprevistos derivados del ingreso de los dos nuevos países. Pero algunos países no están de acuerdo con esta partida.

Grano y azúcar, sin precios

Por otra parte, los ministros de Agricultura de la Comunidad, reunidos ayer en Luxemburgo, decidieron posponer cualquier decisión sobre los precios de los cereales en la CEE para la campaña 1985-86, decisión que postergan a la formulación de un programa agrícola global. Los ministros, que vienen tratando el tema más o menos intensamente en los últimos seis meses, volverán a examinarlo de manera informal a principios de la próxima semana.

En la misma reunión, los ministros agrícolas rechazaron también aumentar los subsidios pagados a los remolacheros para financiar las exportaciones de azúcar. Francia, Holanda, Bélgica y en menor medida la República Federal de Alemania (RFA) han criticado las cifras de aumento propuestas por la Comisión Europea.