Félix Pons asegura que no existe legalidad en el recorte a la financiación autonómica

El ministro de Administración Territorial, Félix Pons, afirmó ayer que no existe fundamentó alguno para acusar de ilegalidad los recortes financieros a las comunidades autónomas. Pons añadió que la crispación y tensiones provocadas por estos recortes son producto de la utilización que de ellas hace "una determinada clase política" que pretende rentabilizar un enfrentamiento con el Gobierno.

El ministro, que durante la noche del viernes fue homenajeado por los militantes de su partido en un restaurante de Palma de Mallorca, manifestó que "sí el Gobierno hubiera cedido un duro más en las negociaciones mantenidas, las acusaciones de ilegalidad se hubieran acallado". "Esta utilización de monedas de cambio en política", añadió, "me parece poco seria".Afirmó que para el próximo año los porcentajes de participación de las comunidades en las tributos no cedidos por el Estado será prácticamente idéntico al habido el pasado año, sin que entonces nadie realizara acusaciones en tal sentido.

"Se puede estar de acuerdo o no con la política de austeridad que practica el Gobierno", dijo, "pero no se puede afirmar que sea anticonstitucional o que se trate de agravios comparativos que el Ejecutivo infiere a las administraciones autonómicas". Pons a firmó que se está produciendo una desvirtuación de los términos reales en que se plantea la financiación, al decir que el Gobierno transfiere a las autonomías el déficit público o que se atenta contra su funcionamiento.

Estas desvirtuaciones y las tensiones que provocan son fruto en su opinión de la rentabilidad que algunos grupos políticos pretenden extraer de este enfrentamiento. Pons negó, en este sentido, las acusaciones vertidas recientemente contra el Gobierno por el diputado aliancista Abel Matutes, quien recriminó a la Administración central incrementar los gastos corrientes, de los que el ministro manifestó que se ajustan a un presupuesto muy riguroso. "Me conformaría con que las comunidades autónomas ajustaran sus presupuestos de igual manera que lo hace el Estado para 1986", añadió.

Las críticas de Obiols

Sin embargo, reconoció que también se han suscitado críticas al recorte en el seno del PSOE, especialmente el dirigente de los socialistas catalanes, Raimon Obiols. "Obiols", afirmó Pons, "entiende que la actual fórmula de financiación no es la más adecuada para Cataluña. Yo no digo que no tenga razón, y en este sentido es posible que en un futuro se introduzcan Modificaciones". Según declaró Pons, también Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda, criticó en una reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiara el actual sistema de financiación autonómica. Un sistema que le ha venido impuesto al Gobierno por la propia Constitución y el posterior desarrollo de la ley oriánica para la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Añadió que, en todo caso, las críticas de los miembros de su partido nunca se han referido a una posible ilegalidad o que con los recortes se "derrumbe" el edificio autonómico. Las discrepancias socialistas con este sistema actual radican en que hasta el presente las concertaciones no se realizan siguiendo órdenes de prioridad, sino que son una suma de elementos financieros efectuados casi sin previsión. "En un futuro", afirmó, "Ias leyes se realizarán de otra forma, con otra filosofía, conociendo el papel que cada una de ellas jugará tanto en las prioridades financieras como en sus repercusiones".

Los recortes financieros en los Presupuestos Generales son producto de la política de rigor que sigue el Gobierno. Esta política, según el ministro, no ha provocado que el Gobierno haya perdido siquiera un ápice del apoyo social.