147.000 millones de deudas

El Gobierno socialista, a las pocas semanas de su toma de posesión, sacó adelante una ley para poner a cero las cuantiosas deudas de los ayuntamientos españoles, en muchos casos gobernados por miembros de su partido, y facilitar así el desarrollo de su política programática respecto a las corporaciones locales. Se trataba, en definitiva, de que el Estado asumiera los números rojos de los municipios hasta el 31 de diciembre de 1982, y a partir de ahí aumentar los recursos de los ayuntamientos mediante una mayor participación de los mismos en los ingresos estatales. Todo ello iría acompañado de una ley de bases, que incrementaría las facultades y competencias de los ayuntamientos, y de una ley de financiación.Con estas medidas el PSOE pensaba otorgar un mayor protagonismo a los municipios en la gestión pública del Estado, en el reparto de competencias con la Administración Central y con las Comunidades Autónomas, por entender que las corporaciones locales están más próximas al ciudadano y pueden ser más eficaces en la prestación de determinados servicios.

Un total de 302 corporaciones solicitaron al Estado, en base a la citada ley de saneamiento de haciendas locales, que se hiciera cargo de sus déficits acumulados hasta esa fecha, que alcanzaba en conjunto la cifra de 147.254 millones de pesetas. El Gobierno, previamente a la aceptación y asunción de estos déficits, procedió a una auditoría de estos ayuntamientos.

La falta de interventores, el desbarajuste administrativo existente en muchos ayuntamientos, las diferencias contables entre lo solicitado y lo auditado, y la falta de recursos puntuales por parte del Estado para hacer frente a estas deudas, ha demorado el pago de estas cantidades a los municipios (todavía queda alguno hoy, dos años y medio después de la publicación de la ley, que no ha recibido el importe solicitado). Excepto una dotación presupuestaria de 33.000 millones de pesetas, el resto de la deuda ha sido absorbida por el Estado mediante una operación crediticia con la banca oficial.

Las diferencias entre el déficit declarado por las corporaciones y el auditado por los interventores del Estado supera los 45.000 millones de pesetas. Las discrepancias entre unas y otras estimaciones ha sido clamorosa en algunos casos: el ayuntamiento de Segovia presentó 371,7 millones de déficit (sólo 130,4 fueron comprobados por la auditoría); el de Palencia, 171 millones (sólo 103 comprobados); el de Santander, 2.430 (sólo 1.338 comprobados); el de Sevilla, 5.125 millones (sólo 1.705 millones comprobados); el de Madrid, 18.888 millones (sólo 15.350 comprobados); y el de Barcelona, 74.346 millones (sólo 66.593 comprobados).

No obstante ha habido algunos casos, y esto habla de la precariedad de las contabilidades vigentes en muchos municipios, en que los interventores han detectado un déficit real muy superior al presentado por las corporaciones para su asunción por el Estado. Así el ayuntamiento de Santa María de Tietar solicitaba 4,47 millones de pesetas con un déficit auditado de 16,8 millones; o el ayuntamiento de Olmedo, por solo poner dos casos, que pedía 3,1 millones cuando tenía derecho a cobrar 17,4 millones.

Por otra parte el 85,5% del déficit global de 147.000 millones de pesetas, presentado por las 302 corporaciones locales a la Administración para su asunción por el Estado, corresponde a tan sólo dieciseis ayuntamientos y diputaciones. Y el déficit declarado por el ayuntamiento de Barcelona, 74.346 millones de pesetas, supone más del 50% de los números rojos declarados por la totalidad de corporaciones locales.

Las irregularidades de contabilidad más comunes en los ayuntamientos se refieren a raspaduras y tachaduras en los libros, falta de facturas o no contabilización de las mismas, operaciones extrapresupuestarias, y falta de formalización de ingresos y pagos.