El Gobierno proyecta liberalizar algunos productos con precios administrados para controlar la inflación

El objetivo de mantener la inflación dentro de las previsiones oficiales se ha convertido en el objetivo básico de la Administración, y para ello no se duda en instrumentar la política monetaria necesaria, sino que también se pondrá especial énfasis en distintas actuaciones comerciales y de comercio exterior, según declaró el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga. Junto a esto se han producido algunos nombramientos, como el de José Montes como presidente de la Junta Superior de Precios, y el anuncio de nuevas liberalizaciones de precios administrados para el primer trimestre del año próximo.

Durante los meses que faltan para terminar 1985, y sobre todo durante el próximo año, las presiones alcistas de los precios al consumo pueden poner en peligro las previsiones oficiales de crecimiento de la inflación. El Gobierno ha establecido una previsión de acabar el presente año con una inflación del 7,9%, con una inflación media del 8,9% en función de considerar que los precios de los productos energéticos no sufrirán variación alguna, de que los precios de los productos no alimenticios mantendrán su tendencia a la baja, y que los alimentos sin elaborar mantendrán su reducción en los próximos meses, aunque se produzca una sensible elevación en el último período del año.De todas estas hipótesis parece confirmarse que los derivados energéticos no subirán de precio. Algunos países productores de petróleo no pertenecientes a la OPEP -como México, por ejemplo- han anunciado una reducción del precio del barril de petróleo. La reciente evolución del dólar tampoco parece exigir un reajuste alcista en los precios de los derivados. En todo caso se podría empezar a considerar justo la actuación contraria. El Gobierno, en la actualidad, tiene dos alternativas: aumentar sus ingresos fiscales manteniendo el precio de los derivados del petróleo o reducir su precio. Cada dólar que baje el precio del barril del petróleo significa, manteniendo los precios inamovibles, unos ingresos fiscales extraordinarios de 35.000 millones de pesetas al año; cada peseta que baje el tipo de cambio del dólar supone unos ingresos superiores a los 8.000 millones de pesetas. El precio de los derivados del petróleo vigente en la actualidad está calculado para un precio del barril de petróleo algo superior al actual y para un tipo de cambio de 170 pesetas por dólar.

Las previsiones de evolución de los precios de los productos alimenticios sin elaborar para lo que queda de año mantienen una cierta reducción de los mismos hasta el mes de agosto y una posible elevación de los mismos a partir de ese momento hasta finales de año, en función de lo bajos que se encuentran algunos de estos precios y de su previsible evolución. Las perspectivas actuales establecen que este epígrafe de los precios al consumo puede terminar, a finales de este año, en torno al 11,6% de aumento.

Productos manufacturados

La incógnita que queda por resolver, para que se alcance la inflación esperada del 7,9%. en el mes de diciembre, es la evolución de los precios del resto de los productos. La previsión de la que parte el Ministerio de Economía es que se mantenga la tendencia de desaceleración que se viene registrando desde la segunda mitad del año pasado. Si no se varía, el 7,9% estaría asegurado.Las dudas surgen cuando se trata de evaluar cuál será el comportamiento de los fabricantes de todos estos productos ante la entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido (IVA) el 1 de enero el año próximo. Se piensa que en algunos sectores productivos se puede tratar de elevar los precios durante el último trimestre del año para prepararse ante la puesta en ejecución del IVA, lo que distorsionaría todas las expectativas de precios actuales.

Ante esta posibilidad, el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido actuar para evitar que se produzcan incrementos no justificados en los precios de estos productos. Junto a decisiones administrativas -como el nombramiento de José Montes como presidente de la Junta Superior de Precios para que realice un seguimiento de las tendencias de los principales precios van a tener lugar decisiones de política comercial que pueden influir en la evolución a medio plazo de los precios.

La actual coyuntura de superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente permite emplear una parte de la acumulación de reservas de divisas en realizar importaciones de choque, mediante rebaja de aranceles o de gravámenes a la importación, incluso antes de lo exigido por la incorporación al Mercado Común. Es algo que se viene haciendo de forma puntual con algunos productos, pero que podría generalizarse en un futuro próximo si las tensiones alcistas de los precios así lo exigieran.

Al tiempo se va a llevar a cabo la desaparición de buena parte de los precios administrados para determinados productos -incompatible con la incorporación a la CEE-, como podría ser el pan o el azúcar, pero controlando desde fuera su evolución. La Administración, que parece dispuesta a eliminar buena parte de los controles que mantiene sobre determinados productos, pondrá elementos correctores a la fijación de precios libres.

Por un lado, mediante la posible rebaja de aranceles o de las tasas a la importación cuando los precios se disparen; y, por otro, lo que puede ser al menos igual de importante, aceptando subidas de precios en los productos pero exigiendo al tiempo "participar de los beneficios obtenidos por esas subidas".