Los cauces de participación ciudadana

La democracia no consiste tan sólo en votar para elegir a sus representantes -señala la autora de este trabajo-, sino que tiene que desarrollar una participación permanente de los ciudadanos en diálogo con la Administración y el Estado. Esa participación se anunciaba prometedora en los años finales del régimen anterior y en los primeros cinco de la transición democrática, pero parece haberse cegado en los dos últimos de gobierno del PSOE. Ello es tanto más perjudicial cuanto que fue ese partido el que puso grandes esperanzas en esa participación, para la que la pasada huelga del 20 de junio supuso una llamada de atención.

En una democracia del último período del siglo XX, la palabra participación tiene, al menos, dos acepciones: una, la clásica y tradicional de elección de los miembros de las asambleas legislativas y de los gobernantes; la otra se refiere a la capacidad popular para incidir en las decisiones adoptadas por los representantes electos durante el período en que dura su mandato. Hace un siglo se consideraba que la democracia había cubierto todas sus condiciones necesarias y suficientes con el cumplimiento del rito electoral. Hoy día nadie se atrevería a mantener en serio esta opinión, aunque, desgraciadamente, la experiencia de muchas -y sin duda de la más potente- de las democracias actuales es tan poco participativa como la de hace un siglo. Cabe decir que el período que va desde el año 1975 hasta 1980 fue uno de los que presentó una dinámica social más participativa, inherente quizá al fin de un período dictatorial y el inicio de uno democrático. Pero a ninguna sociedad se le puede exigir, ni ello sería bueno, un estado de agitación permanente, y tras aquellos años de lucha activa, que obligaron a retroceder en ocasiones a los Gobiernos de UCD presididos por Suárez, siguieron años de aparente mayor atonía social, en los que la voluntad popular, aparte de expresarse en las urnas, sólo parecía manifestarse en ocasiones de excepcional gravedad, como fue con motivo del inequívoco rechazo al intento de golpe de Estado del 23-F.El Gobierno socialista se ha encontrado situado, pues, ante un período que, a pesar de los problemas acumulados, no revestía a priori una máxima agitación social. Pero, además, el propio Gobierno socialista había abierto expectativas fundadas de que las relaciones gobernantes pueblo experimentarían también un cambio. Yo creo que este cambio no se ha producido: la sociedad española sigue tan poco asociativa y/o participativa como antes. La famosa y artesanal iniciativa de "línea caliente con la Moncloa" se ha revelado, como era de esperar, ineficaz para abordar la magnitud del problema. Tampoco puede decirse que la responsabilidad por la insuficiencia de cauces de participación sea exclusiva del Gobierno. Los pocos cauces asociativos que hay -por ejemplo, los partidos políticos- debían haber tomado también este asunto en sus manos.

Pero los partidos políticos, que tan potentes y numerosos parecían en el período final del franquismo y que tan positivamente jugaron en aquellos momentos, han visto su militancia total reducida a poco más de medio millón de personas, quizá porque, más que ser cauces de participación política, como establece el mandato constitucional, se han visto transformados en cauces para que las direcciones de los partidos imbuyan de sus opiniones a la débil base militante. Las asociaciones de vecinos y ciudadanos sufrieron un desmantelamiento tras los primeros años de democracia, del que aún no se han recuperado, quizá para dejar un mayor espacio a los partidos políticos. Algo similar ha ocurrido con los movimientos feministas. Es cierto que ha surgido algún asociacionismo de nuevo tipo, como organizaciones ecologistas o pacifistas, pero de carácter aún muy minoritario. Y hay que saludar con optimismo los signos del renacer del asociacionismo estudiantil.

Huelga general

Sin embargo, donde hay cauces el cuerpo social se expresa y lucha, y consigue victorias, aunque sean parciales. Tal es el caso de los sindicatos. A este respecto la reciente huelga general del día 20 es un interesante ejemplo de participación, aunque sea por la tremenda. Sin duda, el intento de convocar una huelga general política (HGP) responde más al arcaísmo del PCE y de una parte de CC OO que a la justa proporción con lo que se pretendía atacar. Pero lo cierto es que la realidad se ha encargado de reducir la heroica HGP a su justa medida: una huelga amplísima, probablemente la mayor habida en este país, de los señores obreros con mayor tradición y experiencia de lucha. Son estos sectores poco proclives a dejarse arrastrar por la demagogia, y cuando han ido a la acción han expresado un descontento real, independientemente de las exageraciones verbales de los convocantes de la acción, descontento del que el Gobierno debería tomar buena nota.Los colegios profesionales y los grandes cuerpos de la Administración se han apuntado algunos éxitos en sus acciones contra la legislación socialista. Por paradójico que ello resulte, estos colegios y cuerpos, cuya existencia es anterior al inicio de la democracia y que defienden exclusivamente intereses corporativos, son una buena demostración de hasta qué punto la existencia de unos cauces permite incidir sobre la acción gubernamental. Es triste que el pueblo español, que ha demostrado en ocho -años su perfecta madurez para desenvolverse en un sistema democrático, se vea incapacitado de demostrar esa madurez como no sea en acciones reivindicativas, en luchas corporativas - y en puntuales, aunque importantes, demostraciones ciudadanas.

¿Cómo crear esos cauces, cómo promover la participación? Yo no tengo la fórmula, pero creo que todos, gobernantes y gobernados, debemos aplicarnos a resolver el problema. Los gobernantes, con una mayor flexibilidad y comunicación con la opinión ciudadana, que vaya más allá de la simple lectura de encuestas. Los gobernados, no resignándonos a un papel pasivo de depositantes de votos o, si las cosas no van como quisiéramos, de abstencionistas, sino luchando, buscando fórmulas para que nuestros problemas y nuestras opiniones sean escuchadas por el conjunto de la sociedad, por los legisladores y por los gobernantes. La izquierda -y muy particularmente sus partidos- debe impulsar la participación, que es uno de los signos de una sociedad avanzada, por más que a veces dicha participación sea incómoda para los gobernantes. De otro modo, la oposición conservadora, que desde 1982 ha puesto en práctica iniciativas de movilización ciudadana -a las que tiene perfecto derecho, por más que las condenara en períodos anteriores-, acabará por aparecer como la campeona de una dinámica social que no le corresponde.