Alternativa, no complemento

En su breve historia, el sistema democrático español ha deparado más de una sorpresa. Las elecciones de 1977 pusieron fin a la hegemonía de un partido de izquierda a cuyo alrededor había girado toda la política de la clandestinidad antifranquista. Y dieron al traste también con las aspiraciones de un centro excesivamente ideologizado y sin una vinculación clara ni con el pasado ni con el presente de los sectores sociales a los que pretendía representar.El acto parlamentario constituyente se ofrecía como el vehículo con el que iba a transitar toda una generación, la llamada "generación del príncipe", la que llegó a la mayoría de edad en los felices sesenta. Pero no fue así. El modelo americano de partido de cuadrosmáquina electoral, que trató de importar UCD, no se avino con la sociedad española. Sirvió para la transición, pero no para gobernar.

La acción de gobierno requería un proyecto político sólido y una organización consistente, cuando UCD ofrecía la imposible amalgama ideológica de todo el Parlamento alemán, y más, y la consecuente batalla entre baronías y reinos de taifas.

El arco constituyente se deshizo en 1982, dando paso a un bipartidismo más pretendido que real. Y por ello imperfecto. Tan imperfecto que en él tenían difícil cabida dos nacionalidades como Cataluña y Euskadi. Tan imperfecto que, sólo tres años después, la derecha ha perdido toda oportunidad de protagonizar la alternancia y alrededor del 20% del electorado reclama ya la presencia de una fuerza de centro progresista y moderna, sin que tenga conocimiento de su existencia.

Ni fue definitivo el esquema de 1977 ni volverán a darse las condiciones de 1982, que permitieron al PSOE beneficiarse del voto de castigo al triste espectáculo de la irresponsabilidad y del rechazo a todo lo que pudiera semejarse a una vuelta al pasado.

Objetivo de modernidad

En la mayoría absoluta de 1982 entran tanto ese rechazo y ese castigo como la hipotética bondad de un programa de cambio y la capacidad de llevarlo adelante. Pero entra, sobre todo, como ya se había manifestado cinco y siete años antes, la profunda insatisfacción de la sociedad española, que ha protagonizado una transformación económica y social de dimensiones históricas, sin obtener el resultado esperado del nuevo marco político.Tanto los sondeos de opinión como las mismas confrontaciones electorales demuestran un continuo y elevado índice de identificación de los españoles con el sistema democrático. Pero ello no significa la plena aceptación de los resultados obtenidos. Por el contrario, considerando que la democracia es la major forma para resolver los problemas, la mayoría de éstos no ha sido resuelta satisfactoriamente.

En general, para los españoles, democracia es sinónimo de modernidad, concepto que incluye dos términos: libertad y tolerancia. Esa imagen de modernidad, que se refleja en el funcionamiento de otras sociedades, como la de cualquier país europeo, es todavía una aspiración incumplida para la gran mayoría de nuestros conciudadanos. El freno más importante para su consecución no se encuentra en la propia sociedad, sino en el Estado.

En efecto, el tradicional paternalismo español, potenciado y exagerado durante el franquismo, sigue enquistado en nuestra estructura estatal. Es más, ni la transición política ha pretendido seriamente eliminarlo ni tampoco lo ha intentado el Gobierno socialista. Puede decirse, incluso, que este último ha supuesto una marcha atrás respecto a algunos logros del primer período de la transición. Las actuaciones liberalizadoras emprendidas en 1977 en el terreno de la economía o de las libertades públicas han sido frenadas en muchos casos desde 1982. Asistimos hoy a una nueva acción de tutelaje estatal, con la sola diferencia respecto a épocas anteriores de que ahora se pretende ilustrada y moralizadora, sin que efectivamente introduzca estas novedades.

No hasta limitar

Para muchos puede haber constituido una sorpresa, pero es evidente que esta inclinación tutelar y paternalista responde a la esencia ideológica y a la trayectoria histórica del partido en el Gobierno. Los cantos a una cierta tradición liberal progresista en el seno del socialismo español no sólo no han tenido el eco esperado en el PSOE, sino que levantan suspicacias y recelos. Cuando a esa esencia y a esa trayectoria se les suma una mayoría absoluta en el Parlamento, el resultado está a la vista.Frente a esta situación, toda opción que se plantee desde presupuestos ideológicos similares, con la finalidad de limitar un poder excesivo, no es una alternativa de modernidad. Está destinada a convertirse, como máximo, en complemento de ese mismo poder. Y quizá sea eso mismo lo que se persigue.

En la España de hoy, con una sociedad poco sedimentada y articulada, con un rebrote de paternalismo estatal, el poder excesivo necesita alternativas de sustitución, de alternancia, claras. La construcción de esa alternativa es un trabajo arduo que pocos están dispuestos a realizar. Porque requiere, en primer lugar, un marco ideológico singularizado, del que surja sin violencias ese objetivo de modernidad y tolerancia; en segundo, la construcción de una organización dispuesta a afrontar la contienda política, pero también a potenciar nuevas ideas y hábitos de comportamiento en la vida política, y en tercero, el protagonismo de todos quienes se impliquen en esa tarea, reconociendo que si el liderazgo es necesario, no puede servir de excusa para disimular la insuficiencia o la incapacidad del proyecto.