Los médicos, ante el aborto

El papel del médico va a ser relevante en la práctica social que de la ley futura sobre interrupción del embarazo pueda hacerse en nuestro país. Públicamente hay dos posturas muy decantadas: la de la Organización Médica Colegial (QMC), que ha hecho campaña contra cualquier tipo de aborto y que lo prohibe en su código deontológico (que además prohíbe también los medios más útiles para evitarlo: vasectomía, ligadura de trompas, etcétera), y la de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ha propugnado una ley más amplia que la actual que asegure que los abortos, que inevitable mente van a realizarse, se hagan en condiciones sanitarias que no pongan en peligro la vida y la salud de las mujeres.Así las cosas, ¿qué sabemos de la opinión de la mayoría de los médicos? Hay, varias encuestas que, aunque limitadas, pueden darnos una somera idea. En abril de 1983, la OMC realizó una encuesta contestada por más de 10.000 médicos en la que el 47,5%. de los mismos admitía el aborto (el 17,5%, por razones sociales), declarando en la misma estar dispuesto a practicarlo el 19,7% en casos límite y el 8,7% de acuerdo con las mujeres implicadas. Otra encuesta posterior realizada por el Colegio de Médicos de Barcelona señalaba que el 56,2% de los encuestados estaba a favor del proyecto de ley (el 27,2% lo consideraba incluso muy restrictivo).

Parece, pues, que entre los médicos, como entre la misma sociedad, hay no sólo división de opiniones, sino incluso una mayoría favorable a la regulación del aborto. Sin embargo, hay que hacer dos puntualizaciones: la mayoría de los proabortistas es precisamente médicos jóvenes (en la segunda encuesta los favorables al aborto eran el 75% entre los menores de 33 años), muchos de los cuales se encuentran en paro y, por tanto, lejos de poder tomar opciones reales en este caso, y, además, el porcentaje de ginecólogos favorables al aborto es menor que en otros grupos de médicos (el 26,62% en la segunda encuesta).

La opinión de los médicos, y especialmente la de los ginecólogos, puede ser un hecho de enorme importancia práctica a la hora de arbitrar medidas concretas para la aplicación de esta ley, y además se introduce un nuevo problema: la objeción de conciencia.

Parece perfectamente lógico que, de acuerdo con la propia Constitución española, aquellos médicos que hoy desempeñan sus funciones en los centros públicos puedan negarse a realizar abortos. Pero también lo es que deben realizarse listas de objetores que impidan que quien aduce esta objeción en la práctica pública pueda realizarla en la medicina privada (caso que, por ejemplo, ha sucedido con cierta frecuencia en Italia), y, además, que no se pongan impedimentos en los centros públicos a que aquellos que libre y voluntariamente quieran prestarse a realizar este tipo de intervenciones puedan realizarlo sin ningún tipo, de trabas.

En un futuro, y si fuera preciso crear un dispositivo asistencial propio para atender esta problemática, podría incorporarse al ingreso un condicionante a realizar abortos (como ya sucede en el Reino Unido), y que no sería inconstitucional en la medida que no lo es, por ejemplo, el que la Iglesia les exija a sus sacerdotes el ser católicos.

En cualquier caso, las listas de objetores deberían renovarse con una cierta periodicidad (uno o dos años), de manera que se permitieran los razonables cambios de opinión.

En estas condiciones, puede asegurarse que el dispositivo sanitario público de este país puede hacerse cargo de inmediato de las necesidades asistenciales que plantearían los tres supuestos de despenalización, ya que su número es reducido (se calculan de 3.000 a 5.000 casos al año). Y, lógicamente, debería introducirse como una prestación más y, por tanto, gratuita de la Seguridad Social. Si se ampliaran los supuestos de la ley, habría que plantearse un período transitorio para conseguir una adecuación de los medios sanitarios, pero puede afirmarse que en tres o cuatro años acabaría la necesidad de que las españolas tuvieran que desplazarse fuera de nuestras fronteras para tratar de evitar lo que es la mayor causa de mortalidad de las mujeres fértiles de nuestro país: el aborto clandestino.