Un comando paramilitar destruye una emisora argentina destacada por su denuncia de la 'guerra sucia'

Un comando de 10 personas jóvenes, atléticas, con el pelo rapado, tomó por asalto a primera hora de la mañana de ayer el centro emisor de Radio Belgrano, a 30 kilómetros de Buenos Aires. Tras atar y amordazar a los tres técnicos de mantenimiento de la planta emisora, los asaltantes colocaron cargas expansivas e incendiarias y destruyeron completamente las instalaciones, sin ocasionar víctimas. Radio Belgrano es una de las emisoras más antiguas de Argentina; desde sus micrófonos, Evita Perón, actriz de radioteatros, movilizó a las masas hacia la plaza de Mayo para exigir la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido en un hospital militar.

Radio Belgrano, expropiada por la dictadura militar, aún no ha sido privatizada y es administrada por el Estado; en cerca de dos años de democracia su programación ha sido la más avanzada y libre en la crítica a los horrores de las juntas militares. Recientemente el líder de la Unión de Centro Democrático, ingeniero Álvaro Alsogaray, públicamente acusado de mantener contactos con el golpismo militar, reputó de infiltrados marxistas a sus redactores.El atentado ha sido unánimemente repudiado y achacado a la mano de obra desocupada: los integrantes de los grupos de tareas parapoliciales y paramilitares que entre 1976 y 1982 expandieron el terror represor en Argentina. En la misma mañana Radio Belgrano regresó a las ondas gracias a una operación de ayuda técnica montada con toda urgencia por el resto de las emisoras porteñas.

Tras este primer atentado producido a la semana del inicio del juicio contra las juntas militares argentinas, el Gobierno se reunió en la residencia presidencial de Olivos para perfilar los detalles de la economía de guerra anunciada por Raúl Alfonsín y que origina serias divergencias en el equipo ministerial.

Por supuesto que la figura oratoria de Alfonsín hace referencia al cúmulo de privaciones y a la disciplina económica que habrán de afrontar los argentinos y no a una intervención de la economía; antes bien, el Gobierno se apresta a privatizar buena parte del extenso sector público argentino y a encarar las causas de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales -la CAMPSA argentina- sea la única empresa extractora de petróleo que pierde dinero en el mundo o que los Ferrocarriles Argentinos pierdan un millón de dólares diarios.

Las diferencias de criterio entre los radicales sobre la aplicación de una cirujía de caballo a la economía del país podrían motivar una crisis gubernamental de amplias proporciones. Los intentos de moralizar la vida económica ya comenzaron a advertirse hace tres meses con el rígido control aduanero y las batidas policiales por la city porteña, intentando dificultar las transacciones financieras ilegales basadas en el dólar estadounidense. Los depósitos en moneda extranjera están intervenidos y sólo puede retirarse su contravalor oficial en pesos argentinos. El Gobierno intenta, todavía débilmente, poner fin a la superestructura económica porteña que vive, ahorra, compra, vende y presta en dólares estadounidenses, en negro, y al precio de su propio mercado clandestino.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha comenzado en Rosario, la tercera capital de la República, su primera movilización contra la política económica del Gobierno, que habrá de culminar el 23 de mayo en una huelga general de 24 horas. Los secretarios de la CGT se reúnen previamente, en cada provincia a movilizar, con el obispado local, procurando -y obteniendo- el apoyo de la Iglesia católica para sus reivindicaciones.

No obstante, monseñor Novak, obispo de Quilmes, uno de los escasísimos prelados progresistas argentinos, ha denunciado a los dirigentes sindicales "que hacen de su función un negocio".

La CGT comienza así su mes de movilizaciones fuertemente golpeada por la indignación general provocada por las declaraciones, ante el juicio a las juntas, de sus secretarios Tríaca y Baldassini, quienes afirmaron -desconocer la desaparición de líderes sindicales durante la represión militar (un 30%. de las desapariciones). Además del viejo y tácito pacto sindical-militar que ha presidido buena parte de la reciente política argentina, se estima que la extrema prudencia de los secretarios declarantes está fundada en la posesión por las fuerzas armadas de los antecedentes mafiosos, delictuosos y comunes de la dirigencia burocrática del sindicalismo peronista.